Consejos para realizar trekking seguro en invierno 

La académica de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo de la Universidad San Sebastián y primera mujer sudamericana en llegar a la cima del Everest, Patricia Soto, entrega recomendaciones para realizar caminatas en la montaña de manera segura, sobre todo ante los últimos eventos climáticos. 

Gracias a la geografía de Chile se puede disfrutar de una blanca vista de la cordillera de Los Andes y de otros paisajes naturales. Sin embargo, la densa acumulación de nieve este invierno nos debe llevar a tomar resguardos a la hora de realizar trekking, evitando accidentes o incluso catástrofes. Por eso, la académica de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo de la Universidad San Sebastián, Patricia Soto, entrega algunos consejos para evitar riesgos en este tipo de panorama.

Revisar el pronóstico del tiempo

Es clave planificar las condiciones climáticas antes del paseo. Para eso, se pueden utilizar diferentes aplicaciones, tales como Windy, Snowforecast, Mountain-forecast y Zygrib. Prestar atención a la isoterma 0 te da una buena pista de cómo va a estar el terreno: si la isoterma está muy alta, existen probabilidades de que llueva donde antes nevaba y, por ende, que se produzcan deslizamientos. 

Equipamiento

Usar bastón es un requerimiento mínimo para ayudar al equilibrio de la caminata y repartir el peso si se lleva una mochila muy pesada. Igual de imprescindibles son los lentes de sol, guantes, gorro para el frío y polainas para que no ingresen piedras.

Ropa apropiada

El secreto para no pasar frío por el clima o por el sudor es utilizar un sistema de capas térmicas y a prueba de agua (waterproof), además de usar botas o bototos de trekking impermeables y con una suela de buen agarre ante los cambios del suelo.

  • Primera capa: va en contacto directo con la piel y su función es lograr la evaporación del sudor y la regulación de temperatura. En invierno se sugieren telas de secado rápido como poliéster o polipropileno y otras que además mantienen la temperatura, como lana merino o micropolar.
  • Segunda capa: zona intermedia que mantiene la temperatura y su uso depende mucho del lugar y actividad que se realice. En un trekking invernal, Patricia Soto comenta que si el lugar no es tan frío se puede optar por una segunda capa de polar (micro polar) y sobre esta una chaqueta sintética o de pluma, siendo esta última fundamental para no perder temperatura en las paradas que realicemos.
  • Tercera Capa: debe ser impermeable porque su objetivo es proteger de la lluvia y el viento. Existen materiales impermeables y respirables a la vez. Estos permiten que la partícula de vapor salga y no ingrese la partícula de agua. Dentro de estos materiales están Event, Goretex, Pertex shield, futurelight o dryvent, entre otros. Podemos identificarlos en las etiquetas de cada producto.

Hidratación

Para mantenerse hidratados, la experta en montañismo indica que las bebidas como las teínas deshidratan más que hidratan, por lo que recomiendan isotónicos que ayudan a recuperar los minerales perdidos. En días fríos, es bueno llevar un termo con alguna infusión que nos ayude a entrar en calor. 

¿Qué hacer en caso de una emergencia?

“En el caso de que el sendero se encuentre con neblina y se sientan desorientados, lo recomendable es quedarse en el lugar buscando algún arbusto o roca para realizar un refugio improvisado con los bastones y cubriendo la superficie con los elementos disponibles, para luego contactarse con equipos especializados que les brinden soporte”, detalla Patricia Soto. 

Si se cuenta con señal telefónica, el consejo es llamar al Cuerpo de Socorro Andino (marcando 136) o a la oficina de Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) de la zona. Si no se cuenta con señal telefónica, también se pueden utilizar algunas aplicaciones de smartphone, como Maps.me, Fat Map, Gps essential, Avenza Maps y Locus Map (que se puede utilizar no sólo en Chile, sino que también en otros países). 

Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente finaliza con la aprobación del plan de trabajo y hoja de ruta para 2024 y 2025

En la instancia, la ministra Maisa Rojas fue elegida como relatora de la mesa encargada de avanzar en una agenda común para los países de América Latina y el Caribe.

Con la aprobación del Plan de Trabajo para 2024-2025 y su Hoja de Ruta finalizó en Lima, Perú, la reunión de la Mesa Directiva del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. La instancia sirvió para reforzar las prioridades políticas de una  agenda común para que los países de la región enfrenten los principales problemas ambientales que les afectan.

Contaminación; consumo, producción sostenible y economía circular; cambio climático; biodiversidad; educación ambiental y avances en igualdad de género en la gestión ambiental fueron los seis puntos sobre los que se trabajó, todos ellos propuestos durante la XXIII Reunión del Foro, realizada en octubre de 2023.

El Plan de Trabajo del Foro para 2024-2025 incluye acciones orientadas a temas como medios de implementación (incluido el financiamiento), las sinergias entre distintos instrumentos, la justicia ambiental, el rol de pueblos indígenas y comunidades locales en la protección de la naturaleza, y el desarrollo sostenible. Todos estos esfuerzos se realizan en un contexto de crisis ambientales planetarias y con el rol destacado de la región, que hospedará la Conferencia de las Partes (COP) de Biodiversidad este año (Colombia, en octubre) y de Cambio Climático durante el 2025 (Brasil, en noviembre).

Sobre la instancia, la ministra Maisa Rojas comentó que “esta fue una oportunidad para amplificar la voz de la región en temas medioambientales y para focalizar nuestro trabajo en la sinergia que debe existir para enfrentar las crisis de cambio climático y pérdida de biodiversidad”.

Además, durante la sesión de Lima, la Ministra Rojas fue elegida por unanimidad como relatora de la mesa, cargo que se extenderá para las siguientes reuniones de la mesa y para la XXIV Reunión del Foro, a realizarse en 2025.

Latinoamérica, epicentro de la agenda ambiental global

Además de Chile y Perú, la Reunión de la Mesa Directiva contó con la participación de autoridades de Belice, Brasil, Colombia y Costa Rica, posibilitando un diálogo político de representación regional. Por eso es que las autoridades aprovecharon de avanzar en conversaciones relacionadas a las próximas cumbres globales en la materia. “Algo muy importante para la región es que este año tenemos la COP de Biodiversidad en Colombia y, en 2025, la COP de Cambio Climático en Brasil”, destacó la ministra Rojas.

La COP16 de Biodiversidad, que se realizará en octubre, reunirá a las y los tomadores de decisiones y expertos para discutir los logros, retos y desafíos del mundo en el cumplimiento del Marco Global de Biodiversidad “Kunming-Montreal”, acordado en la pasada COP15, y donde Chile asoma como uno de los países que destacan en la región, gracias a los avances en el cumplimiento de la Meta 3 -conocida como Meta 30×30- que busca proteger el 30% de los ecosistemas representativos de los países a 2030.

Para ello, se está incentivando a las agencias nacionales y otros actores a trabajar en aumentar la cobertura nacional de áreas protegidas y alcanzar o superar el objetivo acordado.

Seminario destaca baja cultura de transparencia en organismos relacionados a la industria del litio en Chile

Fundación Terram

El evento, organizado por el Natural Resource Governance Institute (NRGI) en colaboración con Fundación Terram, dio a conocer los resultados de cuatro estudios que analizaron el panorama actual de la industria del litio en Chile. Entre ellos, destacan las investigaciones sobre transparencia y acceso a la información, los desafíos de la gobernanza social y ambiental, y un diagnóstico de corrupción dentro de la industria litífera.

En abril de 2023 el presidente Gabriel Boric presentó oficialmente la Estrategia Nacional del Litio, dando inicio a un proceso de negociaciones entre el Estado y empresas privadas para explotar varios salares del norte de Chile. Dicha situación generó incertidumbre dentro de las organizaciones de la sociedad civil, dado que este acelerado impulso puede conllevar riesgos de corrupción e impactos socioambientales en los territorios.

Bajo este contexto es que se llevó a cabo el seminario “Perspectivas chilenas sobre el futuro del litio: gobernanza, transparencia y rentas fiscales”, organizado por el Natural Resource Governance Institute (NRGI) y Fundación Terram.

El evento dio a conocer los resultados de cuatro estudios que analizaron diferentes aspectos dentro de la industria del litio en Chile, tales como, la transparencia y acceso a la información, los ingresos fiscales, la gobernanza socioambiental y los riesgos de corrupción dentro de la industria.

Entre las presentaciones, destacaron los resultados del informe “Análisis de transparencia de la información de la industria del litio en Chile”, realizado por Telye Yurisch, Gary González y Engel Ramírez, especialistas de Fundación Terram.

“En este estudio pudimos evaluar la reportabilidad general pública en todas estas dimensiones relacionadas a la industria del litio, es decir, contratos, operaciones, pagos y tributos y rendición de cuentas. En este sentido, el puntaje total para la industria fue de cuatro puntos, o sea, presenta un bajo nivel de transparencia, de acuerdo a la metodología aplicada”, explicó Telye Yurisch durante su exposición.

Así, los investigadores hicieron énfasis en el acceso parcial que se tiene a la hora de acceder a los contratos. Siendo la información relacionada a los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) la más opaca (puntuación de 3,0).

Por otra parte, el informe “Evaluación de riesgo de corrupción y plan asociado para la industria del litio”, realizado por los mismos especialistas, y presentado por Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, identificó distintos escenarios de corrupción en la industria del litio.

“Los principales ámbitos de corrupción dicen relación con los aspectos contractuales y de licencia, además de la dimensión fiscal. Se consideró también, que un factor de riesgo recurrente en la industria con las brechas de transparencia sectorial”, detalló Flavia Liberona.

En la instancia también se dio a conocer la investigación hecha por Rafael Poveda, consultor de NRGI y ex Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos de Ecuador, titulada “Situación de los ingresos fiscales provenientes del litio y su distribución subnacional”. Mientras que, en la misma línea, la académica e investigadora de la Universidad de Antofagasta, Ingrid Garcés, reveló detalles del informe llamado “Desafíos de la gobernanza social y ambiental para la industria del litio en Chile”.

Finalmente, entre los panelistas destacó la presencia de María Jaraquemada, integrante del Consejo para la Transparencia de Chile; Henry Jurgens, director ejecutivo de Fundación Relaves; Felipe Pino, coordinador de proyectos de FIMA; Benjamín García, director ejecutivo de Espacio Público; y Willy Kracht, ex subsecretario de Minería.

Más de 100 actores del sector ambiental se capacitaron en Economía Circular y Ley REP en Biobío

Ciclo de talleres empoderó a recicladores, fundaciones, empresas, municipalidades y académicos con herramientas clave para la implementación de la ley promoviendo la economía circular en la Región.

El proyecto “Implementación Pilotos de Economía Circular y Ley REP”, financiado por el Gobierno Regional del Biobío y ejecutado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), ha culminado exitosamente su ciclo de talleres, beneficiando a más de 100 participantes. 

Los beneficiarios del proyecto incluyeron una amplia gama de actores clave en el ámbito de la gestión de residuos y la economía circular. Entre ellos, se destacan recicladores de base, representantes de diversas fundaciones, empresas comprometidas con la sostenibilidad, municipalidades, académicos de instituciones educativas y miembros de diferentes sectores sociales. Esta diversidad garantizó un enfoque integral y multidisciplinario en la capacitación, promoviendo una colaboración efectiva entre los distintos actores involucrados en la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP).

Durante el ciclo de talleres, los asistentes pudieron adquirir conocimientos y habilidades para fomentar prácticas sostenibles y de economía circular en sus respectivos ámbitos. La capacitación proporcionó a los participantes una comprensión profunda de la Ley REP, permitiéndoles empoderarse y convertirse en agentes de cambio en el sector ambiental.

Cierre magistral con enfoque en ecodiseño

El ciclo de talleres culminó con una charla magistral titulada “Ecodiseño y economía circular, una relación virtuosa”, impartida por Paulina Becerra, reconocida Diseñadora Industrial y Magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes. Durante su presentación, Becerra subrayó la importancia del ecodiseño como una estrategia fundamental para la economía circular, destacando cómo esta relación puede generar beneficios significativos tanto para el medio ambiente como para la economía.

Impacto y proyección futura

El éxito de estos talleres refleja el compromiso del Gobierno Regional del Biobío y de la UCSC con la promoción de prácticas sostenibles y la implementación efectiva de la Ley REP. Los conocimientos adquiridos por los participantes les permitirán aplicar estas herramientas en sus comunidades y organizaciones, contribuyendo a la creación de un entorno más sustentable y consciente.

“Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en este ciclo de talleres. La participación activa y el compromiso de los asistentes demuestran que estamos en el camino correcto hacia una economía más sostenible y circular en nuestra Región”, señaló Robinson Saéz, Director del Centro Regional de Estudios Ambientales (CREA) UCSC.

Este proyecto marca un hito importante en el camino hacia una economía circular en la región del Biobío, estableciendo las bases para futuras iniciativas y fortaleciendo la colaboración entre los distintos sectores involucrados en la gestión de residuos y la sostenibilidad ambiental.

Entra en vigencia nueva norma de emisiones para camiones y buses nuevos que ingresen al país

El pasado viernes 5 de Julio de 2024 entró en vigencia los nuevos límites de emisiones contaminantes en vehículos pesados a nivel nacional, dada la necesidad de reducir las emisiones de dichos vehículos que ingresan al país para así mejorar la calidad del aire y el cuidado de la salud de las personas.

El Decreto Supremo N° 55, de 1994, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece los límites de las emisiones aplicables a vehículos motorizados pesados, fue modificada por el Ministerio del Medio Ambiente y exige que las emisiones sean equivalentes a Euro VI o a la norma de los Estados Unidos de Norteamérica, o a otras normativas equivalentes. Para cumplir con estos nuevos estándares, se requiere que los motores incorporen una combinación de tecnologías de punta, tales como Filtros de Partículas Diésel (DPF) y sistemas de Reducción Catalítica Selectiva (SCR) para controlar los óxidos de nitrógeno, a esto último, se le suma toda la tecnología anteriormente existente, tales como Oxidación Catalítica Diésel (DOC), Recirculación de Gases de Escape (EGR), monitoreo y control avanzado de la Unidad de Control de Motor (ECU), entre otros.

Estos nuevos límites de emisiones deberán ser cumplidos para toda importación de vehículos pesados en el país, consagrando a Chile como el líder regional en la adopción de estándares avanzados para el transporte.

Se estima que, gracias a estos nuevos límites de emisiones, existirá una reducción acumulada desde el año 2024 al año 2032 de 1.018 toneladas de material particulado (MP2,5) y de 127.109 toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx), lo que se traducirá en una mejora en la calidad del aire en las ciudades del país, contribuyendo a la salud pública, reduciendo significativamente los eventos de mortalidad y morbilidad.

Por último, para hacer cumplir la normativa, el Ministerio del Medio Ambiente junto al Ministerio de Transportes y telecomunicaciones en colaboración con la Agencia Suiza para Desarrollo y Cooperación, se encuentran desarrollando la nueva normativa para la medición de Número de Partículas, cuyo reglamento se espera que se publique este año.

Comienza el proceso de actualización del Plan de Descontaminación Atmosférica de Coyhaique

Esta semana se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 2203 del Ministerio del Medio Ambiente que da inicio al proceso de revisión y actualización del Plan de Descontaminación Atmosférica de Coyhaique PDA y su zona circundante.

El PDA de Coyhaique, que ha instruido medidas desde el año 2016 para material particulado grueso MP10 y desde hace cinco años para el material particulado fino MP2.5, se enfrenta al inicio del proceso de revisión y actualización de sus medidas, que según el registro histórico han conseguido disminuir los episodios de emergencia en un 70% respecto del año 2016 y 40% menos episodios totales, esto considerando los datos recabados hasta el año 2023. 

El Seremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz,  destacó que, si bien Coyhaique ha sido la ciudad que ha disminuido sus concentraciones de manera más rápida en comparación con otras ciudades del sur, esto da cuenta de un avance, pero también de una problemática vigente y urgente donde se hace necesario observar cuáles son las medidas que tienen un mayor impacto para poder enfocar allí los recursos. 

“Como Gobierno, estamos comprometidos con avanzar en descontaminar todas las ciudades del centro sur de Chile que están afectadas por la emisión de material particulado proveniente de la leña y eso requiere de un trabajo de largo aliento. Hemos avanzado gradualmente, pero necesitamos también actualizar las medidas que estamos llevando adelante. Así que desde ya comenzará el trabajo del Comité Operativo para generar un anteproyecto que nos permita avanzar en que Coyhaique y toda la región de Aysén tenga mejor calidad de aire y de vida”, declaró el Seremi Yoal Díaz.

Elaboración del Anteproyecto.

Para la elaboración del anteproyecto que actualiza el PDA, se establece un año como plazo, (sujeto a ampliación) desde la publicación en el Diario oficial el pasado 9 de julio y cuyo diseño estará a cargo estará a cargo de un Comité Operativo compuesto por servicios públicos con pertinencia en la materia, siendo sus integrantes la Delegación Presidencial Regional de Aysén, Gobierno Regional de Aysén, I. Municipalidad de Coyhaique, SEREMI de Energía, SEREMI de Vivienda y Urbanismo, SEREMI de Salud, SEREMI de Educación, SEREMI de Transporte y telecomunicaciones, Servicio de Vivienda y Urbanismo y Superintendencia de Medio Ambiente y la SEREMI del Medio Ambiente.

Se conformará también un Comité Operativo Ampliado que contará con los miembros del comité operativo e incluirá a quienes ellos designen que se encuentren fuera del ámbito público, es decir academia, centros de investigación, ONGs y agrupaciones sociales como juntas de vecinos, clubes deportivos, etc.

Para fortalecer la elaboración del anteproyecto, desde la Seremi del Medio Ambiente se ha adjudicado un estudio a la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile DICTUC, que tiene por objetivo insumar el trabajo con una actualización del inventario de emisiones, una evaluación de las medidas del PDA y una propuesta de nuevas medidas para la actualización.

Participación ciudadana.

Según indica la resolución, desde su publicación y hasta el día 7 de octubre, considerando   sesenta días hábiles, está disponible la recepción de antecedentes sobre la actualización del Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 y MP2,5 para Coyhaique y su área circundante, donde cualquier persona natural o jurídica podrá aportar antecedentes técnicos, científicos, sociales y económicos sobre la materia.

Dichos antecedentes deberán entregarse por escrito en la Oficina de Partes del Ministerio del Medio Ambiente o de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Aysén ubicada en calle Portales N°125 Coyhaique, o bien, en formato digital en la casilla electrónica:  oficinadepartesaysen@mma.gob.cl, habilitada para tales efectos.

Así también el anteproyecto de actualización del PDA será sometido a consulta ciudadana y contará con el apoyo de talleres informativos para su correcta difusión. 

Las medidas.

El Plan de Descontaminación vigente en la zona saturada de Coyhaique se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales: Mejoramiento térmico de viviendas, donde se establece una meta de 7.000 subsidios de aislación térmica estándar PDA que al año 2023 alcanzaron 6.490 familias considerándose un 92,7 por ciento de avance en el cumplimiento de la meta; Combustibles limpios, que establece una meta a 10 años para el Ministerio de Energía donde se debe asegurar la disponibilidad de al menos 100.000 m3 de leña seca, trabajo que ya alcanza los 30.563 metros cúbicos y sobre el que se continúa avanzando mediante los programas leña más seca, sello de calidad y centro integral de biomasa.

Calefacción eficiente, que apunta  a sustituir los artefactos a leña, principal fuente de contaminación atmosférica en Coyhaique, por sistemas más eficientes y menos contaminantes, donde el programa de recambio de calefactores ya ha chatarrizado más de 9.000 artefactos de la meta establecida de 15.000, y este año está impulsando llamados por 2.200 nuevos equipos; y finalmente Difusión y Educación, pilar abordado gracias al apoyo del Gobierno Regional y su Consejo mediante el programa F.N.D.R. de Difusión y Educación Ambiental en Calidad de Aire, para hacer frente a la necesidad de aportar a la reducción de los niveles de contaminación del aire en la región de Aysén.

La idea es ir promoviendo acciones que permitan aumentar el conocimiento de la problemática y generar hábitos y conductas pro ambientales. Las mencionadas medidas principales y otras forman en su conjunto la hoja de ruta para descontaminar la ciudad de Coyhaique, dichas medidas, PDA y la resolución publicada en el Diario Oficial se encuentran disponibles para su revisión en airecoyhaique.mma.gob.cl

Declaración Pública sobre la Modificación del EIA y RCA 2021 de Collahuasi

Como organizaciones sociales de todo el país, manifestamos nuestro rechazo ante la votación del próximo jueves 4 de julio, donde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Tarapacá decidirá sobre la solicitud de modificación para extender la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), mediante una la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por la empresa Doña Inés de Collahuasi.

Esta modificación permitiría a la minera seguir extrayendo agua del acuífero Jachucoposa, acción que no sólo pone en riesgo la integridad del acuífero, sino también la supervivencia de los ecosistemas y de las comunidades indígenas que dependen de él.

El proyecto de Collahuasi tiene como objetivo asegurar la continuidad de sus operaciones por un período estimado de 20 años utilizando 780 litros de agua por segundo. Para ello, contempla la construcción y operación de una planta desaladora de agua de mar como fuente complementaria de abastecimiento hídrico qu e hoy se encuentra atrasada.

La empresa solicitó una modificación para seguir extrayendo agua del acuífero Jachucoposa por 18 meses adicionales, con un aumento de la extracción a 780 litros de agua por segundo, que provocaría una afectación irreversible del acuífero. Esto aduciendo retrasos en la construcción de la planta de agua desalada que tendríamos que pagar con agua dulce. 

Como organizaciones sociales de todo Chile, la Red por los Ríos Libres y ciudadanía apoyamos la postura de la Asociación Indígena de Coposa (AIASC) y del Consejo de Pueblos Atacameños en su lucha para poner fin a las externalidades del proyecto Collahuasi, que ha utilizado aguas continentales de la cuenca de Coposa durante décadas.

A la fecha podemos establecer que la falta de un monitoreo adecuado de la vertiente Jachucoposa ha tenido graves efectos en los sistemas de vida de la comunidad, alterando su hábitat y su forma de vida.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades para rechazar la DIA del proyecto minero María Inés de Collahuasi que permitiría a la empresa seguir extrayendo agua de Coposa. Es imperativo que las autoridades resguarden este acuífero priorizando la conservación de sus aguas y los derechos de las comunidades locales.

Firman:

  1. Chile Sustentable
  2. Ong Ecosistemas

Un Estado en deuda: sobreproducción acuícola y poca fiscalización

Por Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace

Hace algunos días, la fundación Terram publicó una completa investigación que revela una serie de infracciones de la industria salmonera a la normativa ambiental, que están prontas a prescribir si la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no formula los debidos cargos al respecto, dejando sin multas ni sanciones la cosecha ilegal de más de 67.000 toneladas de salmones, que habría reportado ganancias al sector por $660 millones de dólares.

El reportaje da cuenta que, desde que entró en vigencia la SMA para fiscalizar el cumplimiento de las RCA, sólo 27 procedimientos sancionatorios se han abierto por casos de sobreproducción de salmones al interior de la Reserva Nacional Las Guaitecas en la Región de Aysén. Aún cuando, según información obtenida del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) vía Ley de Transparencia, 53 centros de cultivo incurrieron en 84 casos de sobreproducción, los que a la fecha no han sido sancionados. 

Peor aún, 74 de esos 84 casos se encontrarían prescritos (ya que la ley permite que las infracciones que cometen los titulares a sus permisos ambientales se pueden sancionar hasta tres años después de ocurridos los hechos, y ese período ya se cumplió), lo que implica absoluta impunidad para esa venta ilegal.

Un grupo de activistas de Greenpeace se presentó en la Maratón de Santiago para denunciar el avance de la industria salmonera en la Reserva Nacional Kawésqar en la Patagonia chilena. © Cristobal Olivares / Greenpeace

Frente a esta revelación, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, respondió relatando los esfuerzos para mejorar su capacidad fiscalizadora y coordinar a los diversos organismos que deben velar por el cumplimiento de las normativas, destacando su “enfoque correctivo”, en el cual los recursos del Estado son invertidos en la realización y envío de reportes sobre los niveles de producción de las empresas, para advertirles cuando estén pasando por sobre la ley, bajo el argumento de que este sistema “aumenta la eficiencia”. 

Si esta estrategia la llevamos por ejemplo al combate de la delincuencia, metafóricamente, sería como si las policías, una vez conocido un delito e identificados los culpables, en lugar de llevarlos detenidos, los notificara para así convencerlos de que dejen de hacerlo, ejercicio que aplicaría incluso para reincidentes. 

¿De qué sirve “dar aviso” a las empresas sobre sus reiterados incumplimientos, en lugar de aplicar sanciones que sean ejemplificadoras? La industria ha mostrado que sus sobreproducciones no son casos aislados, sino que están interiorizados en su modelo, permitiéndoles ganancias ilícitas por miles de millones de pesos, como comprobó la propia SMA en el caso emblemático de la empresa Nova Austral. Por eso, resulta insuficiente la respuesta del organismo ante la evidencia abrumadora sobre procesos sancionatorios no iniciados próximos a prescribir.  

El Estado está en deuda con las comunidades y la protección de la naturaleza. La falta de comunicación entre organismos, los enredos en los datos y la incapacidad de fiscalizar cómo corresponde a una industria que una y otra vez ha mostrado su verdadera cara -la del engaño, la avaricia, la comisión de ilegalidades y la degradación profunda de los territorios donde opera- no sólo es grave, es también un síntoma de la necesidad de mejorar de raíz un sistema que no funciona: que no protege los bienes comunes naturales del país, que no sanciona donde duele a quienes se enriquecen ilícitamente y que, aún más grave, intenta castigar a aquellos que denuncian.

Sobre esto último, es importante recordar que, frente a casos donde la sociedad civil ha acudido al Tribunal Ambiental (TA) para exigir verdaderas sanciones en el marco de resoluciones de procedimientos sancionatorios, en más de una ocasión la respuesta de la SMA ha sido exigir a los TA que a las organizaciones se nos condene el pago de costas: mientras a las empresas se les pide que por favor cumplan la ley y -como el reportaje de Terram reveló- con frecuencia se mira al costado cuando no lo hacen, a la sociedad civil se le exige que pague monetariamente por judicializar resoluciones que atentan contra la salud y equilibrio de los ecosistemas marinos. Esto refleja la falta de visión de organismos que debieran valorar que defendamos en tribunales sus propias atribuciones y competencias para proteger el medio ambiente de manera efectiva. 

Necesitamos un Estado que sea capaz de defender nuestros territorios; que privilegie el bien de las comunidades; que sea justo en la impartición de sanciones efectivas y que fomente la participación comunitaria en esos procesos, pues -al fin y al cabo- son estas las que sufren las consecuencias de la contaminación y destrucción ambiental. Necesitamos un Estado al nivel del desafío.

Consejo Directivo de las Áreas Marinas Protegidas de Rapa Nui realiza segunda sesión plenaria 2024 en el Ministerio del Medio Ambiente

La instancia, liderada por el presidente del Consejo Directivo Felipe Nahoe y la Secretaría Técnica, responsable del Ministerio del Medio Ambiente, abordó los avances en la consulta indígena y el plan de administración.

En el Ministerio del Medio Ambiente y con la presencia de autoridades locales y gubernamentales, se realizó la segunda sesión plenaria del Consejo Directivo de las Áreas Marinas Protegidas de Rapa Nui.

En la instancia, se abordó una nutrida lista de temas, destacando los avances en el proceso de consulta indígena del Plan de Administración de las áreas marinas protegidas y la gestión presupuestaria.

Además, se analizó la firma entre un convenio entre Hawai y Rapa Nui y se destacó la necesidad de continuar avanzando en la fiscalización y vigilancia efectiva de la zona marítima, uno de los aspectos esenciales para la protección y sostenibilidad de los recursos marinos en la isla.

La sesión se llevó a cabo junto a las y los miembros del Consejo del Mar- Koro Nui o Te Vaikava, quienes fueron saludados por la ministra Maisa Rojas y el subsecretario Maximiliano Proaño. La jornada también contó con la asistencia de la Secretaría Técnica, Daniela Manuschevich, jefa de la división de Recursos Naturales y Biodiversidad, las profesionales del departamento de Áreas Protegidas, Marisol Romero y la gestora de Rapa Nui, Tea Tuki.

Además, asistió a la sesión el Delegado Presidencial Provincial, Sergio Tepano; la Comisionada de Codeipa, Anakena Manutomatoma; Lorena Burotto, desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; y Paula Alarcón, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

Sobre esta reunión, la ministra Maisa Rojas destacó los avances en el proceso de gobernanza “esta reunión sirvió para revisar el desarrollo del trabajo realizado a la fecha, en el contexto de la consulta indígena y los compromisos de las diferentes instituciones que son parte del Consejo Directivo, a fin de trabajar en la gestión efectiva del área. El objetivo es promover el desarrollo sostenible y la protección del medioambiente en Rapa Nui y veo que todas y todos estamos comprometidos y trabajando para que así sea”.

Felipe Nahoe Tepano, presidente del Consejo Directivo, valoró esta instancia, comentando que «fue una buena reunión, bastante fructífera. Conversamos sobre el plan de administración para el Área Marina Protegida y logramos varios acuerdos importantes. Sabemos que los avances en esto no son rápidos, pero estamos bien encaminados”.

Sobre la Consulta Indígena 

La ecorregión de Isla de Pascua contiene un patrimonio natural y cultural único, de importancia nacional e internacional, destacando por su gran endemismo, posicionándose entre los más altos registrados hasta ahora en islas oceánicas.

El concepto Áreas Marinas Protegidas AMP Rapa Nui hace referencia al conjunto de figuras de conservación de la ecorregión Isla de Pascua, compuesto por el Parque Nacional Motu Motiro Hiva, el Área de Conservación de Múltiples Usos Rapa Nui, el Santuario de la Naturaleza Isla Sala y Gémez, tres áreas marinas costeras protegidas de pequeño tamaño y cercanas a la costa de Rapa Nui -Coral Nui Nui, Motu Tautara y Hanga Oteo- y otros islotes adyacentes a Rapa Nui.

Desde el punto de vista de la cosmovisión rapanui y sus orígenes, las Áreas Marinas Protegidas de Rapa Nui, deben ser implementadas bajo el principio «Te Moana Tapu a Hotu Matu’a», que combina los conceptos de mar sagrado con el de prohibición y respeto de sus aguas.

Es por ello que, para la gestión efectiva de estas áreas marinas protegidas, se ha propuesto un Plan de Administración Integrado, el que actualmente se encuentra sometido a consulta al pueblo Rapa Nui, bajo el convenio 169 de la OIT y de la normativa vigente.

La consulta indígena está actualmente en desarrollo y es liderada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), con participación del Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, con apoyo técnico de Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con el Consejo Directivo del Mar Koro Nui o Te Vaikava.

Su votación será el próximo 11 de agosto. Si quieres conocer todos los detalles, puedes ingresar al siguiente enlace: https://www.subpesca.cl/portal/617/w3-propertyvalue-65347.html#collapse01

En siete comunas de Ñuble se ejecutarán iniciativas sustentables en el marco del Fondo de Protección Ambiental

Desde iniciativas orientadas al cambio climático, economía circular, conservación de la biodiversidad y educación ambiental, se ejecutarán en 7 comunas de Ñuble gracias al financiamiento del Ministerio del Medio Ambiente.

Con el objetivo de materializar proyectos enfocados en la protección y reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental de Ñuble, siete organizaciones sociales regionales han recibido financiamiento por un total de 6 millones de pesos. Estos fondos fueron otorgados a través del Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio del Medio Ambiente en el año 2024.

La entrega de los fondos se llevó a cabo en las dependencias de la Cámara Chilena de la Construcción de Ñuble. La actividad estuvo liderada por el jefe de la cartera de Medio Ambiente en la región, Mario Rivas Peña, y contó además con la presencia de la seremi de la Mujer, Constanza Sánchez Carvajal; el seremi de Economía, Erick Solo De Zaldívar; el seremi de Energía, Dennis Rivas Oviedo, junto con los representantes de todos los proyectos adjudicados.

El seremi del Medio Ambiente de Ñuble, Mario Rivas Peña, destacó: Estamos felices de poder colaborar con diversas organizaciones en financiar y visibilizar iniciativas sustentables que tendrán un impacto positivo en su entorno. Destacamos la creatividad y alianzas que sustenta cada proyecto, y que permitirán fomentar eficiencia energética, el monitoreo y conservación del huemul, el compostaje de residuos orgánicos domiciliarios e invernaderos, así como señaléticas para un turismo sustentable, teniendo como base la educación ambiental para la comunidad”.

Las organizaciones beneficiadas incluyen centros de estudiantes y de apoderados, juntas de vecinos, clubes deportivos y organizaciones ambientales, quienes ejecutarán proyectos en las comunas de San Nicolás, Yungay, Chillán, San Fabián, Bulnes, Coihueco y Pinto, a través de las líneas de proyectos sustentables ciudadanos y para establecimientos educacionales.

Desde el Centro General de Padres Y Apoderados Escuela Marta Colvin Andrade de la comuna de Coihueco, que se adjudicó el financiamiento para su iniciativa “Reactivación de invernadero escolar” destacan el compromiso por parte de la comunidad escolar para avanzar en iniciativas que promuevan la educación ambiental y la economía circular: “Este proyecto ayuda mucho a los niños de colegio. Nosotros queremos fomentar a través de este proyecto agrandar el invernadero para que los niños puedan tener más espacio donde puedan moverse mejor y enseñarles a como producir sus productos. Con esto queremos apoyar a que ellos puedan avanzar en un futuro mejor”, explico Yecenia Solar Zamorano, representante de organización comunitaria.

Fondo de Protección Ambiental

El Fondo de Protección Ambiental (FPA) es el primer y único fondo concursable de carácter ambiental con que cuenta el Estado de Chile. Fue creado por la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente para apoyar iniciativas ciudadanas y financiar total o parcialmente proyectos o actividades orientadas a la protección o reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental.

Desde el año 1998 a la fecha, se han financiado cerca de 3.800 proyectos a nivel nacional, por un monto que supera los $21 mil millones de pesos. A nivel regional, en Ñuble, han sido 41 proyectos que, desde la creación de la región en el año 2018, han contado con financiamiento a través del Fondo de Protección Ambiental entregado por el Ministerio del Medio Ambiente, siendo una herramienta clave para desarrollar iniciativas sustentables por parte de la comunidad.

El FPA se abre cada año entre los meses de agosto y septiembre, y se invita a las organizaciones a que puedan revisar las bases y preparar las iniciativas con anticipación revisando la información disponible en el sitio web https://fondos.mma.gob.cl/fpa 

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