Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María de Concepción, desarrollaron un robot para desarrollar esta importante tarea.
Una conversación en un descanso terminó convirtiéndose en un proyecto de título para dos estudiantes de Técnico Universitario en Robótica y Mecatrónica de la Sede Concepción. Matías Flores y Omar Garrido cuentan que, hace un tiempo, junto a un grupo de compañeros, notaron la cantidad de colillas de cigarro que terminaban en el suelo del patio de la Sede Concepción. Sin embargo, el tema quedó ahí. Cuando se vieron enfrentados a tener que desarrollar su trabajo de título durante la pandemia, muchas propuestas fueron rechazadas por requerir el uso de laboratorios y herramientas que no estaban disponibles, resurgiendo así la idea de generar un dispositivo que permitiera la recolección de las colillas.
El proceso de creación del recolector fue complejo. Matías y Omar concuerdan en que fue un semestre con diversos obstáculos. A los hechos sociales ocurridos a partir de octubre de 2019, se sumó el aislamiento producto de la Pandemia de COVID-19, y la distancia geográfica entre ambos: Matías vive en Hualpén, y Omar, en Pucón. Esto generó algunos retrasos en la entrega. Sin embargo, se mostraron satisfechos con los resultados obtenidos.
“El proyecto Consta de dos sistemas: el de detección de objetos y el de recolección”. -explica Omar- “En el sistema de detección se usó tecnología de vanguardia como lo son las redes neuronales, la que se entrenó con una base de datos hecha por nosotros. El resultado fue la obtención de un algoritmo capaz de detectar específicamente colillas de cigarro, montada en una tarjeta de Nvidea Jetson Nano, para lograr integrarla en el sistema completo.
El sistema de recolección consta de un brazo controlado por una placa de desarrollo Blue Pill, que también controla la posición de la cámara. Estos sistemas están conectados mediante un puerto serial (UART), donde son capaces de interactuar entre sí. Son dos sistemas diferentes, que juntos conforman un sistema mayor”.
El diseño, ¿es propio de ustedes?, ¿cómo lo definieron?
“El diseño del sistema, tanto circuitos como las partes estructurales del prototipo los cree yo”, responde Matías. “Los diseños fueron creados por el método de prueba y error; como no somos, especialistas en el diseño de piezas y partes, tuvimos que fabricar piezas con una impresora 3D y posteriormente probarlas. Se identificaban los problemas y, si era necesario, se reparaban o fabricaban de nuevo. Finalmente obtuvimos un prototipo con un diseño ‘’funcional” que cumplió los objetivos planteados al inicio del trabajo de título”.
El recolector funciona mediante el uso de una cámara que toma fotografías periódicamente. El sistema analiza las imágenes y, al detectar una colilla de cigarro, la sigue hasta su posición y ordena al controlador iniciar el proceso de recolección mediante un brazo con un objeto perforante (alfiler), que posteriormente la deposita en un contenedor. Luego reinicia el proceso.
“Una vez finalizada la etapa de construcción y programación del sistema, se realizaron pruebas, que dieron resultados positivos en función de los objetivos planteados al comienzo del proyecto”, explica Matías.
“Fuimos evaluando cada paso que dimos, tanto en el entrenamiento de la red neuronal como el desarrollo del sistema de recolección. Nos tomó tiempo, pero el resultado fue lo que se esperaba: un sistema de recolección capaz de detectar, recoger y almacenar un objeto especifico”, agrega Omar.
Sin embargo, también detectaron una gran cantidad de inconvenientes que merman el funcionamiento del sistema. “El diseño del sistema es funcional, pero debe ser perfeccionado para poder ser más preciso; se requiere hardware adecuado para poder ejecutar la red neuronal como fue originalmente planeado; y se necesitan más sensores para poder aumentar la rapidez con la que el sistema identifica y recoge las colillas”, cuenta Matías
“Nos encantaría seguir trabajando en este proyecto. Una de las ideas que teníamos era la de expandir la cantidad de objetos a recoger tales como: tapas de botellas plásticas, lengüetas de las latas de bebidas, las típicas tapas de las bebidas Express, etcétera. Para ello, se debe seguir perfeccionando el sistema, corrigiendo problemas que pudimos identificar en las pruebas realizadas. Por mi parte, me encantaría seguir trabajando en este proyecto, me encantaría ver un robot limpiando el paseo peatonal de Concepción, las áreas verdes o playas de la región. Hemos pensado en alternativas de financiamiento para poder seguir, pero lo veo muy improbable bajo el contexto actual que vivimos, el de pandemia. Quizás en un futuro lo retome como un hobby”, concluye.
En el inicio de las clasificatorias mundialistas en Sudamérica, Greenpeace denunció que Chile y Qatar, país sede de la próxima Copa Mundial de Fútbol, comparten el triste registro de ser los países que encabezan el sobregiro ambiental a nivel continental y mundial, respectivamente.
“Chile fue el primer país de Sudamérica en alcanzar una situación de sobregiro ambiental. Fue el 18 de mayo y desde esa fecha, en la práctica, estamos utilizando una suerte de línea de crédito medioambiental”, explica Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace.
¿Y Qatar? “Su realidad es la peor a nivel internacional, ya que el país sede del próximo Mundial de Fútbol fue la primera nación del mundo en alcanzar ese sobregiro. Lo hizo el 11 de febrero”, dice la representante de la ONG.
Desde Greenpeace explicaron que el informe dado a conocer por la plataforma Earth Overshoot Day lo que hace es evidenciar y advertir qué pasaría si el planeta tuviera los parámetros de consumo que se observan en cada nación del mundo.
“En la práctica, si el mundo contaminara y consumiera como lo hace Chile, los recursos del planeta se habrían acabado el 18 de mayo. Ahora, si lo hiciera como Qatar, la situación sería mucho peor y la deuda ambiental habría comenzado el 11 de febrero”, señala Estefanía González.
Los sectores de Granizo y Cajón Grande reabrieron sus puertas al público, de martes a viernes, entre las 8.30 y las 16.00 horas, con un aforo máximo de 50 personas cada uno.
Con la reapertura del sector Cajón Grande, el martes 3 de noviembre, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) fijó en 100 personas el aforo máximo del Parque Nacional La Campana, en la comuna de Olmué.
Así lo informó el director regional de la entidad, Sandro Bruzzone, quien detalló que “los accesos de Granizo y Cajón Grande, en Olmué, funcionan de martes a viernes, entre la 8.30 y las 16.00 horas (salida), con una capacidad de 50 visitantes cada uno, previa reserva de los cupos”.
Agregó que “el llamado es a respetar los protocolos sanitarios establecidos en el parque, para evitar aglomeraciones y posibles contagios de COVID-19. Por ejemplo, el uso obligatorio de mascarillas y alcohol-gel, la toma de temperatura en el ingreso, el tránsito por rutas habilitadas y el cumplimiento de los aforos delimitados en miradores, senderos y estaciones”.
Asimismo, Bruzzone recalcó que “el uso del fuego está prohibido en las áreas silvestres protegidas de la región, a objeto de prevenir posibles incendios forestales. Los usuarios deben traer meriendas frías y, por supuesto, llevarse la basura que generen durante su estadía en las unidades”.
Reservas Para acceder a los sectores de Granizo y Cajón Grande, primero, las personas interesadas deberán reservar un cupo en el sitio web https://welcu.com/conaf-valparaiso, donde obtendrán un ticket (gratuito) de admisión. Este debe ser presentado en las porterías, ya sea en el teléfono celular o impreso. Y luego, con dinero en efectivo, cancelar la tarifa de entrada.
Además, los excursionistas deberán completar un informe de autoevaluación de salud, disponible en la página de CONAF, www.conaf.cl, y posteriormente exhibirlo en los ingresos del parque nacional.
Cabe recordar que el sector Palmas de Ocoa, en Hijuelas, hasta nuevo aviso, se mantiene sin atención de público. De la misma manera, el tramo de acceso a la cumbre del cerro La Campana, en Olmué, también se encuentra restringido.
Artículo por Equipo Amigos de Los Parques de la Patagonia
Establecido en 2011, Chile-California Council es una organización binacional sin fines de lucro, establecida en San Francisco que promueve relaciones mutuamente beneficiosas y el intercambio de conocimientos entre Chile y California en los sectores público y privado.
«Desde Chile California, venimos siguiendo el trabajo de Amigos de los Parques desde sus inicios y hemos comenzado juntos diversas iniciativas que esperamos profundizar en el marco de esta alianza», dijo Matías Alcalde, representante de Chile ante Chile California Council.
«Desde Amigos de los Parques la membresía y alianza con el Consejo permite impulsar e intercambiar experiencias en materia de Filantropía Ambiental para Chile, el rol de las comunidades locales en la definición de Chile como país de territorio, relevar el rol de las áreas protegidas para el bienestar natural y humano, la cultura de Parques Nacionales y el manejo de incendios forestales, entre otros», comentó Eugenio Rengifo, director ejecutivo de Amigos de los Parques.
Con la ratificación de México, se hace más evidente la ausencia de Chile en esta etapa inicial, obligando al país a sumarse tardíamente.
El jueves, por unanimidad, el Senado mexicano ratificó el Acuerdo de Escazú. Con esto, sumado a la de Argentina, se cumple el requisito de 11 ratificaciones para su entrada en vigencia. Es decir, 90 días después de que el documento sea depositado en la ONU por parte de estos Estados, América Latina y El Caribe, tendrán el primer acuerdo regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.
México reafirma su voluntad de fortalecer la democracia ambiental y en particular en la protección de los y las defensores ambientales, en un país con una de las tasas más altas de asesinatos en la región.
Sin duda esta es una gran noticia, no solo para los mexicanos y su medio ambiente, sino para todo el mundo, pues muestra el logro de un amplio consenso sobre que la mejor manera de tratar los asuntos ambientales, es a través de la democracia y esto solo se alcanzará entregando más y mejores herramientas para todos/as los actores de la sociedad.
Esta decisión del Estado mexicano contrasta con la de el gobierno de Chile, que propuso y lideró el Acuerdo durante toda su negociación y que en septiembre de este año, señaló que no firmaría, ignorando cómo avanzaba el proceso de ratificación.
A pocos meses de que el Acuerdo de Escazú entre en vigor, la postura del gobierno de Chile es insostenible. Estamos perdiendo la oportunidad de estar dentro de los países que crearán las bases de la ejecución de este tratado. Estamos perdiendo años de participación en un proceso. Pero por sobre todo, estamos perdiendo tiempo para la protección del medio ambiente y de nuestra gente.
Hacemos un nuevo llamado a las autoridades e insistimos que el gobierno de Sebastián Piñera esté a la altura de las circunstancias y reconozca que el Acuerdo de Escazú avanza por la senda correcta, y que es la oportunidad de ser reconocido como impulsor y parte de los países fundantes de la democracia ambiental para América Latina y el Caribe.
Andrea Sanhueza, Representante del Público para el Acuerdo de Escazú
Instalar el conocimiento científico, la innovación y la cultura como pilares fundamentales del modelo de desarrollo chileno, forma parte de la misión que la Casa de Bello se ha dispuesto ante el nuevo proceso constituyente. A través de miradas con enfoque transdisciplinar, académicos y académicas analizan los pasos que se deben priorizar para avanzar hacia los cambios que el país demanda en esta materia.
El pasado 25 de octubre, más de siete millones y medio de chilenos se acercaron a las urnas para ser parte del nuevo proceso constituyente, que culminó con el 78 por ciento de aprobación de una nueva carta fundamental. En este escenario, que presenta una oportunidad para construir un modelo armónico entre lo económico, social y medioambiental, la Universidad de Chile se instala como un actor importante que contribuye desde su rol público en esta discusión.
Frente a este proceso, la comunidad científica nacional ha lamentado los impactos que conlleva la disminución presupuestaria de más de 16 mil millones de pesos para la ciencia y tecnología, además de 15 mil millones en medioambiente y 20 mil millones menos en becas y asistencia estudiantil.Esto se traduce en que los recursos para la investigación, desarrollo e innovación solo alcanzan el 0,36 por ciento del PIB en Chile, siendo muy bajo en comparación al promedio de la OCDE que es del 2,3 por ciento.
En el ámbito educacional, una de las medidas más sentidas fue el recorte presupuestario que culminó con el cierre de las Becas Chile para las convocatorias 2020 y 2021. Desde su creación en 2008, esta iniciativa ha entregado un total de 10.976 becas, con el objetivo de construir una base de recursos humanos avanzados en áreas de relevancia nacional e internacional.
Para el vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Flavio Salazar, es prioritario avanzar hacia una matriz de progreso más audaz. “Los pilares se deben basar en la educación, el conocimiento y el fomento a la ciencia y tecnología, como parte de un plan nacional que sea capaz de apuntar a un desarrollo sostenible y equitativo. Esta misión debería ser impulsada desde el Estado, en estrecha colaboración con las universidades y al sector productivo. Una manera concreta es promoviendo proyectos estratégicos que impliquen desarrollo científico-tecnológico de largo plazo, sustentado en nuestras capacidades humanas actuales y de acuerdo con nuestras ventajas comparativas naturales”, recalcó.
Miradas desde la Economía y el medioambiente
La economía ha sido una de las áreas más afectadas por la pandemia a nivel global. El Banco Mundial ya prevé una contracción del PIB nacional del 6,3 por ciento, es decir, existirá una reducción general de los bienes y servicios en el mercado chileno. Algunos expertos consideran que el mensaje tan rotundo a favor del cambio constitucional ha generado una leve inestabilidad en algunos mercados, manifestada en una caída en la Bolsa de Comercio de Santiago al no haber certeza sobre las condiciones de la nueva carta magna.
“La disminución de los recursos en estas áreas no era necesaria y el impacto fiscal será minúsculo, pues los números que se pueden redestinar son mínimos”, señala al respecto el profesor de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) y presidente de CODELCO entre el 2014-2018, Oscar Landerretche. Para el experto, también se debe considerar que el Estado chileno todavía tiene márgenes para endeudarse. “La impresión que dejan están medidas es que existe una visión que privilegia la iniciativa privada y que creen, honestamente, que no se necesita financiamiento público para desarrollarse. No hay ninguna evidencia de esto en el mundo, demostrando lo equivocadas que están las autoridades a cargo del país”, enfatizó.
Asimismo, el Profesor Landarretche entrega su visión sobre los pasos que se deben realizar para avanzar en un mejor modelo de desarrollo, destacando la necesidad de modificar las empresas y universidades estatales para ser usadas como instrumentos de fomento productivo en el país. “Se deben comenzar a generar parques industriales donde se instalen compañías que produzcan y desarrollen tecnologías. En la U. de Chile esto debería comenzar en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en la Facultad de Agronomía y, debido a la pandemia, en la Facultad de Medicina. Si bien esto puede chocar con el concepto de subsidiariedad, se relaciona fuertemente con el debate constitucional actual. Además, no sería inventar algo novedoso, pues estamos hablando de imitar a CSAIRO en Australia, el MIT en Estados Unidos o Nokia en Finlandia”, detalló.
Un desafío global ineludible, es la promoción de un desarrollo sostenible y de acciones para mitigar el calentamiento global, lo que necesariamente impactará la calidad de vida de las próximas generaciones. A pesar de ello, Chile acaba de rechazar la firma del Acuerdo de Escazú, un convenio que buscaba ser el gran tratado medioambiental de Latinoamérica y el Caribe, lo que es lamentado por los expertos en medio ambiente. La investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia (CR2), Laura Gallardo, señaló que “Chile es un país en el que se pueden tomar mejores decisiones, entendiendo que el cambio no se sostiene solo al usar tecnologías verdes, sino que también pasa por las personas y a través de la participación ciudadana”.
La profesora Gallardo también agrega que el abordaje de los problemas debe revisar los ámbitos socioculturales. “No revertiremos la pobreza energética y la contaminación atmosférica en la zona centro-sur de Chile, si solamente nos dedicamos a recambiar calefactores. A pesar de que es un paso necesario, no es suficiente y creo que después del 25 de octubre puede iniciarse un proceso de mayor democratización para que se ponderen los intereses de todos y todas. Los desafíos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad requieren más inversión en ciencias, educación y justicia social”, comentó.
El vicerrector Salazar destaca la disposición de la Universidad de Chile para contribuir en la discusión y construcción de este nuevo modelo. “Nuestra casa de estudios posee varios atributos de mucha pertinencia, pues contiene la masa crítica de científicos más grande del país, con visiones plurales y presencia en todas las áreas del saber, lo que permite proponer proyectos estratégicos mediante investigación transdisciplinaria y colaborativa. Asimismo, su trayectoria y vinculación internacional permite atraer la atención de socios estratégicos internacionales que otorgan credibilidad y mayor factibilidad a las iniciativas”, explicó.
El aporte de la Universidad a la investigación inter y transdisciplinaria
La Casa de Bello es una universidad pública que define su vocación de servicio al país y a la ciudadanía como una misión obligatoria, impulsando un gran número de tareas estratégicas para el apropiado progreso de la sociedad. Por ello, ha promovido un cambio cultural interno que se relaciona con transferir más activamente a la sociedad los resultados de la creación de conocimiento, vinculándolos con diversos actores extra e intra universitarios para el abordaje de desafíos globales con una perspectiva local. En este sentido, las articulaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias han sido ejes fundamentales que han permeado todo el quehacer de la universidad.
En esta línea, la académica de la Facultad de Odontología y Doctora en bioquímica, Andrea Paula-Lima, considera que la transdisciplina es fundamental en la universidad. “Un ejemplo concreto es el proyecto que actualmente estamos iniciando y que busca desarrollar un software para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer de forma temprana. Esta tecnología involucra el conocimiento de especialistas médicos, biomédicos, psicólogos y de ingeniería, para integrar sus aportes en la adquisición, procesamiento y análisis de datos complejos y en el desarrollo de este producto para que llegue a la sociedad”, destacó.
Respecto a la discusión sobre el rol de la ciencia en el proceso constituyente, la profesora Paula-Lima agregó que “en el modelo actual no participa directamente en la toma de decisiones. Sin embargo, las nuevas tecnologías para tratar enfermedades, las vacunas y las herramientas diagnósticas automatizadas para auxiliar la toma de decisiones clínicas, son ejemplos claros del impacto científico en nuestra sociedad. Por tanto, es fundamental posicionar a la ciencia como un ámbito decisivo hacia un proceso de desarrollo que considera la sostenibilidad global”.
Consecuentemente con estas visiones, uno de los proyectos que ha puesto en el tapete el Rector Ennio Vivaldi, para instalar la idea de cambiar la matriz productiva del país, se relaciona con la construcción de un Centro de Producción de Vacunas en el Parque Académico Laguna Carén. Un proyecto de esta envergadura puede articular interacciones entre el Estado, las universidades y el sector privado generando impactos de corto y largo plazo. Por tanto, la Dirección de Innovación de la U. de Chile está jugando un rol articulador en el que convergen otras instituciones de educación superior, autoridades gubernamentales, empresas y expertos del área biomédica y otras afines.
La iniciativa se proyecta en un paño de más de mil hectáreas en la comuna de Pudahuel y pretende ser un lugar donde confluyan investigadores, médicos y profesionales que trabajen en conjunto con un enfoque transdisciplinar. De esta manera, se apunta hacia la autonomía nacional y a insertar al país en las cadenas internacionales de producción, potenciando las capacidades de abordar adecuadamente desafíos globales, como los que se han vivido durante la pandemia del COVID-19.
Acordaron reforzar y crear mesas de trabajo para articular soluciones a las problemáticas que afectan a estos ecosistemas del borde costero.
En su recorrido por la región de O´Higgins, el Subsecretario del Medio Ambiente, Javier Naranjo, recorrió durante toda la jornada, humedales del secano costero, junto con el Seremi del Medio Ambiente de O´Higgins, Rodrigo Lagos, el Gobernador de la Provincia de Cardenal Caro, Carlos Ortega y consejeros regionales, reuniéndose con organizaciones ambientales, a fin de encontrar una solución a la problemática que afecta a estos ecosistemas.
La primera actividad fue en el humedal de Bucalemu, ubicado en la comuna de Paredones, instancia que congregó a organizaciones locales, quienes expresaron a las autoridades sus inquietudes y pidieron mejorar el estado de la laguna.Ante los planteamientos, el Subsecretario sostuvo que “hemos podido escuchar los planteamientos de la comunidad, dando muestra de cómo la sociedad civil se organiza y plantea el legítimo interés por la protección del medio ambiente.
Así es que nos vamos felices, pero también con un fuerte compromiso a seguir trabajando porque lo que queremos para Chile es un desarrollo sustentable y sostenible”.Por su parte, el Seremi del Medio Ambiente O´Higgins, Rodrigo Lagos, agregó que “junto con el Subsecretario y autoridades regionales, concurrimos hasta Bucalemu, buscando soluciones a una problemática que estaba hace un tiempo planteada. Nuestra preocupación como gobierno está en la protección de los humedales, la ley de humedales urbanos y la implementación del proyecto GEF en el humedal de Cáhuil”.
Tras el diálogo, se acordó la creación de una mesa de trabajo liderada por la Seremi del Medio Ambiente y el Municipio DE Bucalemu, con autoridades y actores locales, a fin de buscar la mejora de las condiciones de la laguna, que hoy muestra aspectos de sedimentación y eutrofización.
Siguiendo el recorrido por los humedales del borde costero, las autoridades hicieron una parada por el humedal de Cáhuil, lugar donde actualmente y por cinco años más, se desarrollará el proyecto GEF Humedales Costeros de la Seremi del Medio Ambiente de O´Higgins.
La tercera actividad se desarrolló en la Laguna Petrel, en Pichilemu, instancia dónde las autoridades escucharon los planteamientos de organizaciones locales y se acordó fortalecer la actual Mesa Ambiental, creada en 2019 y constituida por servicios públicos y organizaciones sociales, la que será robustecida con nuevos integrantes de comunidades ambientales locales.El Seremi del Medio Ambiente, recalcó las acciones realizadas para avanzar en la protección de dichos humedales: “hemos solicitado de oficio al ministerio la incorporación del humedal Bucalemu y Petrel para ser declarados humedales urbanos, esperamos ello se pueda concretar prontamente”.
Finalmente, todos los presentes se dirigieron hasta el lugar donde será emplazado el nuevo Santuario de la Naturaleza Piedra del Viento Topocalma, en la comuna de Litueche, instancia a la que asistieron representantes de la Fundación Rompientes, pescadores, la organización Parley y consejeros regionales. El Subsecretario Naranjo, recalcó la importancia de contar con un segundo santuario en la región de O´Higgins e instó a los asistentes a unificar esfuerzos y trabajar en conjunto para llevar adelante el plan de manejo del lugar y avanzar en la implementación de este nuevo santuario, iniciativa que forma parte del Plan Nacional de Protección de Humedales 2018 -2022 del Ministerio del Medio Ambiente.
Según datos recopilados por Fundación Terram, los aportes fiscales para áreas protegidas terrestres y marinas disminuyen notablemente en el Presupuesto asignado para 2021.
Chile posee un vasto y largo territorio con diversidad de paisajes y ecosistemas, que le permiten albergar una rica biodiversidad terrestre y marina. Para conservar las riquezas continentales, existe el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), el cual posee un total de 105 áreas bajo protección oficial, abordando una superficie de 18,6 millones de hectáreas, que corresponden al 21,3% del territorio continental del país. Para el caso de la protección de los ecosistemas marinos, el país cuenta con varias categorías de conservación, dependientes de distintos ministerios las cuales se agrupan en la figura de Áreas Marinas Protegidas (AMP), las cuales abordan un 42,3% (146.942.281,8 hectáreas) de las 200 millas marinas que comprenden la Zona Económica Exclusiva de costa nacional.
Sin embargo, a pesar de contar con una gran extensión del territorio terrestre y marino protegido, nuestro país fue identificado como uno de los “top ten” que invierten menos en conservación a nivel global en 2019, situación que queda claramente reflejada en el presupuesto estatal otorgado para las tareas de conservación terrestre y marina en los últimos años y, especialmente, en el que se destinará para 2021.
Según datos publicados recientemente por Fundación Terram, para el año entrante la propuesta de aporte fiscal para el SNASPE tiene una disminución de casi $550 millones, 9,5% menos que el de 2020. Además, se debe considerar que este presupuesto está conformado por aporte fiscal e ingresos de operación, estos últimos son producto de la recaudación por pago de entradas a las áreas protegidas.
Asimismo, los datos demuestran que el aporte fiscal ha ido disminuyendo cada año desde 2017, y la baja es aún más reveladora si se compara con el aporte que se realizaba hace una década: “en 2010, el Estado invirtió $372 por hectárea. Si el cálculo se realiza con el aporte fiscal presupuestado para el 2021, con una superficie actual de 18.616.767 há, el Estado pretende invertir $279; es decir $93 por hectárea menos que en 2010”, señala esta minuta de la organización.
La problemática relacionada con el financiamiento público para la administración y gestión de áreas protegidas terrestres y marinas, está lejos de tener una solución. Para las áreas protegidas terrestres el aporte fiscal ni siquiera garantiza un piso mínimo como seria cubrir los sueldos de los trabajadores del SNASPE, estos dependen de los ingresos de operación, es decir, de las visitas que podrían recibir las áreas protegidas.
“Si uno considera el contexto de la pandemia que podría extenderse para 2021, es evidente que existe la posibilidad que recaudación no ocurran como está presupuestado. Allí recae la necesidad de aumentar el aporte fiscal, además de todas las necesidades propias que requiere la mantención y gestión de estas áreas”, señala Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram.
La realidad de las Áreas Marinas Protegidas (AMP):
El panorama de las AMP no es muy distinto, a pesar que en 2018 Chile se convirtió en uno de los países con más superficie marina protegida. Sin embargo, el financiamiento sigue siendo sumamente deficiente.
Una parte del problema es que, actualmente, no existe un órgano centralizado que se encargue de la gestión de este tipo de áreas de conservación. El presupuesto fiscal considera aportes al Ministerio de Medio Ambiente (MMA), al Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Instituto Antártico Chileno, al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de los Gobiernos Regionales.
“La brecha financiera operacional para implementar, gestionar y administrar efectivamente las AMP existentes es de tal magnitud, que invita a reflexionar si, en estricto rigor, las actuales AMP constituyen áreas de protección. Se requiere con urgencia aumentar los niveles de conocimiento e información sobre AMP y desarrollar una planificación financiera que permita cumplir con los acuerdos internacionales y las políticas públicas y normativas vigentes en Chile sobre la materia”, señala Fundación Terram en esta minuta sobre el tema.
Según los datos que se pudieron reconocer por la ONG ambiental, el presupuesto total destinado por parte del Estado para 2021 al MMA, es de $0,9 por hectárea, y presenta una disminución de 31,7 % respecto a 2020. “Según un estudio realizado en 2018, el financiamiento sólo cubre un 1,7% del monto estimado como necesario para un funcionamiento apropiado de las áreas existentes”, señala la organización en su documento.
Similar es la situación de los aportes estatales destinados para AMP en el Ministerio de Relaciones Exteriores, institución en que el presupuesto para 2021 disminuyó en 29,4% ($ 61.620.000) respecto del 2020 (cuyo presupuesto aprobado fue de $ 209.455.000).
Analizando los datos sobre el aporte fiscal tanto a las áreas de conservación marina como terrestre, resulta evidente que es urgente un aumento sustantivo del aporte fiscal de las áreas protegidas en general. “El compromiso del Gobierno con la conservación tiene que ver con la declaración de zonas protegidas, pero esto debe ir acompañado de los recursos públicos que permitan garantizar acciones de conservación efectiva. En la actualidad, observamos que tal compromiso no existe, lo cual obviamente deja en una situación de vulnerabilidad a valiosos ecosistemas ante actividades extractivas como la minería, la extracción de turba, la salmonicultura o la pesca ilegal como recientemente se ha denunciado en el país. Es necesario que el Estado de Chile, tome un rol más activo en la protección y conservación de la naturaleza”, concluye Liberona.
Paola Jirón El Núcleo Movilidades y Territorios (MOVYT)
La pandemia ha evidenciado que los territorios y la movilidad son posibilidades para enfrentar la crisis actual, considerando que las múltiples escalas, relaciones y dimensiones territoriales se convierten en elementos sustanciales para el esparcimiento del virus. En este marco, la movilidad o la imposibilidad de dejar de moverse han evidenciado las desigualdades que enfrenta la población, dando cuenta de la importancia de los territorios relacionales y móviles en el macro de la vida cotidiana hoy.
Los habitantes de nuestras ciudades han tenido que salir a las calles desprovistos de cuidados por parte del Estado y asumir su autocuidado de manera individual en un inicio y, comunitariamente, después. Así, emerge la urgente importancia de abordar los cuidados en nuestra sociedad. Estas labores de cuidado,han estado presentes en el debate feminista desde hace muchos años, pero hoy se hacen evidentes para todos los integrantes del hogar y evidencian la diversidad y cantidad de tareas que implican.
Este documento intenta recoger las urgencias de cuidado para plantear la necesidad de convertir parte de las experiencias vividas como ciudadanos en posibilidades para repensar nuestras ciudades en el futuro, repensando cómo las ciudades pueden ser un eje fundamental en la manera en que nos repensamos como sociedad y pasamos de ser una enfocada en la producción como centro de su ser a una que se cuida para su reproducción.
Jirón Martínez, P. (2020). De ciudades que producen a ciudades que cuidan. Los territorios como ejes para abordar la pandemia y la crisis social. Anales de la Universidad de Chile, (17), pp. 71-83. doi:10.5354/0717-8883.2020.58893
Cecilia Smith Investigadora Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) Universidad de Los Lagos Mesa por el bosque esclerófilo Centro Investigación Fuego y Resiliencia FIRESES (U. Austral de Chile)
Hace tres semanas más de 100 científicos, gestores y organizaciones no gubernamentales que trabajan en el país, firmaron una carta donde advierten a la sociedad y posteriormente a CONAF, que existe una alta probabilidad de tener tormentas de fuego esta temporada de incendios, especialmente, en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y del L. B. O´Higgins. La razón es que este año en particular, existe gran cantidad de biomasa seca en el bosque y matorral esclerófilo. Este enorme volumen de biomasa seca nunca se había registrado antes en la historia de país, la cual es producto de la prolongada megasequía que sufre esta región. Es de esperar que con los resguardos que se están tomando y se tomarán, la chispa no se encienda y alcance los niveles temidos por los investigadores. Pero sin duda habrá incendios, como ya es habitual, afectando a la vegetación nativa y a la vida animal, cultivos, poblados, viviendas y carreteras.
Hay formas de controlar la acumulación de biomasa para que los fuegos, al menos, disminuyan su intensidad. Esto es, con técnicas de manejo forestal orientadas a cortar y sacar del sistema la materia seca de mayor volumen. No en todas las miles y miles de hectáreas de bosques semi-secos, sino en franjas de cortafuego alrededor de lugares vulnerables tales como casas, poblados, ciudades, y en franjas en lugares estratégicos al interior de los bosques. CONAF y el Ministerio de Medio Ambiente han estado haciendo esa labor desde hace dos años a pequeña escala, pero ha faltado conciencia, visión que lleve a maximizar ese esfuerzo.
El bosque y matorral esclerófilo deben migrar hacia el sur, a donde el cambio climático predice que sobrevivirá a los efectos dramáticos que estamos provocando en el ambiente. En su distribución norte, el bosque permanecerá reducido especialmente donde existan condiciones más favorables para su desarrollo, como es el caso de las quebradas que conservan la humedad. Este proceso de recambio de la vegetación debe permitirse que transcurra. Cuando hay incendios en el bosque y matorral esclerófilo, la vegetación tiene capacidad de recuperarse (pero no la vida animal, a menos que migren de otros lados).
El matorral y bosque esclerófilo pueden recuperarse espontáneamente, incluso cuando los incendios son de alta intensidad. Quedan las raíces bajo el suelo, de las cuales rebrota lo que se creyó muerto. El primer año es crítico por los intensos procesos erosivos. Pero las hierbas recubren el suelo durante los dos primeros años, minimizando las pérdidas de suelo, siempre y cuando el ecosistema se encontraba en estado saludable antes de quemarse. Durante los primeros 7-8 años, parece que no pudiera recuperarse la vegetación leñosa. Pero alrededor de los 15 años desde el incendio, la cobertura de la vegetación se empieza a cerrar. Así lo muestra el análisis de los incendios ocurridos entre 1985 y 1995 realizado por la Universidad de Los Lagos y el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB).
Es probable que bajo condiciones de cambio climático este proceso de recuperación post incendio sea más lento, pero ocurre, cómo ha sido mostrado en otros países. Es probable que en estos pulsos posteriores a los incendios ingresen especies de vegetación más seca (o xerofítica) con predominancia de cactáceas y chaguales, y menos flora leñosa, ese es el remplazo esperado ante cambio climático. Para que la vegetación se recupere y el suelo se cubra nuevamente se debe permitir a la naturaleza transitar hacia una vegetación propia de climas más áridos.
Que la naturaleza se recupere lentamente y se adapte mostrando nuevas especies y estructuras no da motivo para que ocurra un cambio de uso de suelo inducido por la acción humana. No deben venir las retroexcavadoras a sacar los remanentes quemados y plantar vegetación exótica o cultivos. Se debe controlar la erosión o pérdida de suelos, y apoyar plantando vegetación nativa, pero en forma muy esparcida, cuidando el suelo por medio de técnicas de restauración.
La gran cantidad de incendios consecutivos en un mismo sitio (al menos en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins) hace sospechar que se quemó intencionalmente para favorecer el cambio de uso de suelo. Se quema un sitio un año, pero muchas veces se observa que el mismo sitio se vuelve a quemar al año siguiente (cuando ya hay poca biomasa combustible y la inflamabilidad es baja), y luego hay cambio de uso de suelo a uso agrícola. Los incendios consecutivos en un mismo sitio (en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins) hace pensar que este se ha quemado intencionalmente para hacer cambio de uso de suelo. No hay ninguna ley que regule este cambio de uso de bosques quemados hacia cultivos, no hay fiscalización si el bosque fue quemado para hacer este cambio de uso, simplemente se hace. Es lo mismo que sucede hoy en la Amazonia y el Pantanal, se quema para abrir terreno a los cultivos; el fuego escapa y se hace imparable. Si hay regulación cuando el cambio de uso de suelo es para urbanización, sería interesante analizar si los incendios alrededor de Valparaíso tienen relación con los pulsos de urbanización.
No se puede cortar el bosque esclerófilo vivo para reemplazarlo por paltos u otro tipo de cultivo, y así no poder disfrutar de sus servicios ecosistémicos como bien falló hace poco la Contraloría. ¿Pero que implica eso? ¿Se seguirá quemando como subterfugio para hacer “mejora del suelo” y para urbanización, como sospechan varios? Pero si se quema intencionalmente este año, se provocarán tormentas de fuego porque existen condiciones ambientales para que los incendios esta temporada sean catastróficos. No sólo para las casas cercanas a los bosques, si existen plantaciones de eucaliptos o pino, las pavezas que emitan pueden volar kilómetros. El humo de los incendios puede cubrir por semanas y semanas las autopistas, las ciudades, y durante toda la vida a nuestros pulmones.
Dos sitios quemados en 1995 en los cerros costeros de la Región de O´Higgins
Lo cierto es que el bosque y matorral esclerófilo entregan muchos beneficios a la sociedad, ¿pero que beneficio recibe el propietario que lo tiene? El pago por servicios ecosistémicos por mantener sus bosques, por manejarlos, por dejar que se recupere debe pagarlo la sociedad. Si esto no ocurre, seguiremos teniendo incendios por cambio de uso de suelo. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura debe considerar generar una ley que regule el cambio de uso de suelo de bosques y matorrales quemados, educar al respecto, sancionar malas prácticas como las quemas, y buscar alternativas como el pago de servicios ecosistémicos de aquellos propietarios que buscan deshacerse de sus bosques.
