Categoría: Medio Ambiente

Una investigación de la Fundación Terram denuncia que nueve empresas habrían producido más de 67 mil toneladas de salmones por sobre lo autorizado en sus permisos ambientales dentro de reservas nacionales en Aysén y Magallanes, y que si la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no formula cargos, las infracciones comenzarán a prescribir en mayo de este año.

En base a información de organismos públicos, una investigación realizada por Maximiliano Bazán y Daniel Espinoza, investigadores de Fundación Terram, identificó que nueve empresas salmoneras habrían incurrido en 95 casos de sobreproducción dentro de las Reservas Nacionales Las Guaitecas y Kawésqar, sin que ninguna de estas infracciones fuera sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Los autores explican que, según la Ley Orgánica de la SMA, las infracciones que cometen los titulares a sus permisos ambientales se pueden sancionar hasta tres años después de ocurridos los hechos. “Lo que nosotros descubrimos es que, de estos 95 casos, 79 ya habrían prescrito por haber transcurrido más de tres años desde ocurridos los hechos. Mientras que los 16 casos que aún no prescriben, comenzarían a hacerlo desde el mes de mayo de 2024”.

Revisa la primera parte de la investigación aquí.

Según la publicación, “a modo de estimación, estas más de 67.500 toneladas de salmones producidas por sobre lo autorizado en sus RCA en estas dos áreas protegidas, podría alcanzar los USD $660 millones en ventas, calculado en base a los USD$9,79 que promedió la venta de cada kilogramo de salmón chileno durante 2022, según informó Infotrade”. 

Entre los infractores destaca la empresa Australis Mar con 23 casos de sobreproducción, ninguno de los cuales habría incluido en su autodenuncia realizada a la SMA en octubre de 2022 -señala el reportaje de Terram-, donde sí incluyó otros 49 casos por los que posteriormente dicho organismo dio inicio a procedimientos sancionatorios.

Consultadas las autoridades por estos antecedentes, desde el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) dicen haber denunciado a la SMA solo 13 de los 95 casos. Mientras que este último organismo, si bien asume haber recibido dichas denuncias, hasta hoy no han iniciado ningún procedimiento sancionatorio por estos casos.

Tras revisar los hallazgos de esta investigación, el diputado Félix González (FRVS), presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados dijo que solicitará que se invite a la SMA y Sernapesca a una sesión especial de la comisión para que rindan cuenta de cómo fue posible que todos estos casos de sobreproducción pasaran desapercibidos y que hasta hoy no hayan sido sancionados.

La investigación -dividida en dos reportajes- también da cuenta de errores en la fiscalización de la SMA a las empresas, como por ejemplo con el centro Cholga de Multi X, donde para ver si el centro no superó la producción máxima autorizada, consideró 6.880 toneladas de límite productivo, y no las 3.440 toneladas autorizadas en su oportunidad, por lo cual no detectó sobreproducciones.

Revisa la segunda parte de la investigación aquí.

Sumado a esto, la investigación también denuncia que la SMA inició procedimientos sancionatorios sin incluir todas las sobreproducciones en las que incurrieron algunos centros de cultivo.

En cuanto al daño ambiental, en el caso de Aysén, los reportajes señalan que, de los 950 muestreos del fondo marino de los centros de cultivo, 263 tuvieron resultados con bajos niveles de oxígeno, lo cual pone en riesgo la vida en esos ecosistemas. Esta cifra sería aún mayor en Magallanes, alcanzando 156 muestreos con bajos niveles de oxígeno del fondo marino de un total de 378 informes ambientales.

84 casos de sobreproducción de salmones dentro de la Reserva Nacional Las Guaitecas 

sin sanción de la SMA, según cantidad de toneladas de exceso (2012-2023)

Fuente: Elaboración propia en base a información del Sernapesca obtenida por Ley de Transparencia, información de la SMA y el SEA disponible en su sitio web e información cartográfica del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile.

11 casos de sobreproducción de salmones dentro de la Reserva Nacional Kawésqar 

sin sanción de la SMA, según cantidad de toneladas de exceso (2012-2023)

Fuente: Elaboración propia en base a información del Sernapesca obtenida por Ley de Transparencia, información de la SMA y el SEA disponible en su sitio web e información cartográfica del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile.

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación interpuesta por dos concejales de la comuna de Papudo, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) acreditara el inicio de la ejecución del “Proyecto Inmobiliario de Segunda Vivienda Punta Pite Papudo”, no accediendo a su solicitud de caducidad de la resolución de calificación ambiental favorable de la iniciativa ubicada en la región de Valparaíso.

“A juicio de esta magistratura, la decisión contenida en la resolución reclamada, en orden a tener por acreditado el inicio de ejecución del proyecto en los términos del artículo 25 ter de la Ley N° 19.300, se encuentra debidamente fundada en las gestiones, actos o faenas que fueron acreditadas en el expediente administrativo, cuestión que, además, fue cotejada por este Tribunal”, indica la sentencia al momento de desechar las alegaciones referidas a este tema.

El Tribunal estuvo integrado por la ministra Marcela Godoy Flores, presidenta, y los ministros Cristián Delpiano Lira y Cristián López Montecinos. Redactó la sentencia el ministro Delpiano. 

El fallo recuerda que la Ley N°19.300 indica que la resolución de calificación ambiental (RCA) favorable de un proyecto o actividad caducará transcurrido 5 años sin que se haya iniciado su ejecución, mientras que el Reglamento del SEIA establece que la gestión, acto o faena mínima que dará cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente debe estar indicada en el respectivo Estudio o Declaración de Impacto Ambiental. 

Sin embargo, agrega, como el proyecto Punta-Pite fue calificado favorablemente en diciembre de 2003 -es decir antes de la entrada en vigencia de la modificación de la Ley N°19.300 recién indicada- entra en el grupo de iniciativas que según el Reglamento del SEIA, debían acreditar ante el SEA las gestiones, actos o faenas mínimas que permitan constatar el inicio de la ejecución, antes del 26 de enero de 2015.

En esta línea, el Tribunal analizó la información presentada en la causa, que llevó al SEA a acreditar la ejecución del proyecto, respecto de: acciones asociadas la especie catalogada en peligro de extinción del Spalacopus cyanus (cururo), los antecedentes dan cuenta de diligencias o trámites ante la DOM de la Municipalidad de Papudo, y las imágenes satelitales del sitio de emplazamiento del proyecto que datan del año 2007 hasta el 2014. 

“Respecto a la constatación de gestiones, actos u obras mínimas de carácter permanente, de los antecedentes que constan en autos, se puede deducir que el titular atendió a todas las exigencias de monitoreo de la especie cururos y de su relocalización, realizó los trámites necesarios y conducentes a la obtención del permiso de edificación y ejecutó obras materiales que permitieron certificar la recepción de obras, todo lo cual permite inferir que el proyecto se mantendrá invariablemente en el tiempo”, detalla la sentencia.

El Tribunal acreditó la realización de gestiones o actos suficientes para que el SEA determinara, razonablemente, que ellas se encontraban destinadas al desarrollo de la etapa de construcción del proyecto Punta-Pite. Los documentos considerados -aclara- dan cuenta de gestiones, actos y obras que presentan un orden sistemático, ininterrumpido y permanente en el tiempo, lo que permite inferir que se dio inicio a la ejecución del proyecto antes del 26 de enero del año 2015, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4° transitorio del Reglamento del SEIA.

Finalmente, la sentencia concluyó que el incumplimiento del deber de informar su ejecución en los términos que lo indica el Reglamento del SEIA no configura una ilegalidad de la resolución que acreditó el inicio de ejecución del proyecto; como tampoco lo es el eventual incumplimiento de lo señalado en la RCA, que exigía que el titular informara a la Corema de Valparaíso, oportunamente y previo a su ejecución, del inicio de las obras y/o actividades de cada una de las etapas del proyecto. 

“Dicha omisión, como se señaló, no puede configurar la caducidad de la RCA, en tanto se trata de una obligación que corresponderá fiscalizar a la Superintendencia del Medio Ambiente, quien deberá determinar las sanciones aplicables ante un eventual incumplimiento de dicha obligación”, dice.

La reclamación fue presentada por Margarita Sandoval Carrasco y Daniel Muñoz Navarro, ambos concejales de la comuna de Papudo, luego que la Dirección Ejecutiva del SEA rechazó la solicitud de invalidación que habían presentado en contra de la resolución del Servicio que dio por acreditado el inicio de ejecución del proyecto inmobiliario, manteniendo la vigencia de la RCA N°169/2003 favorable de la iniciativa.

El proyecto inmobiliario se ubica en el sector de Punta Pite, comuna de Papudo, Región de Valparaíso, y consiste en la construcción y operación de un proyecto de segunda vivienda que contempla la venta de sitios y viviendas, tanto unifamiliares como agrupadas, además de obras de urbanización (pavimentación, agua potable, alcantarillado, aguas lluvia y electricidad), equipamiento y áreas verdes.

Antecedentes

• 21 de julio de 2003, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del “Proyecto Inmobiliario de Segunda Vivienda Punta Pite-Papudo” ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
• 29 de diciembre de 2003, la Corema de la Región de Valparaíso calificó favorablemente la iniciativa (RCA N°169/2003).
• 8 de noviembre de 2021, Margarita Sandoval Carrasco y Daniel Muñoz Navarro, ambos concejales de la comuna de Papudo, solicitaron la declaración de caducidad de la RCA.
• 30 de diciembre de 2021, la Dirección Ejecutiva del SEA tuvo por acreditado el inicio de ejecución del Proyecto (Res. Ex. N° 202199101827/2021).
• 11 de febrero de 2022, los concejales presentaron solicitud de Invalidación en contra de la Res. Ex. N°202199101827/2021.
• 10 de febrero de 2023, el SEA rechazó dicha solicitud de invalidación (Res. Ex. N°202399101107).
• 27 de marzo de 2023, los dos concejales presentaron reclamación en el Tribunal Ambiental en contra de la decisión del SEA, la cual fue admitida a trámite con el rol R-399-2023.
• 6 de octubre de 2023, el tribunal tuvo a Inmobiliaria Mirador Punta Pite Spa como tercero coadyuvante del SEA.
• 19 de octubre de 2023, se realizó la audiencia, alegando los abogados Marcos Emilfork Orthusteguy, por los reclamantes; María Ramirez Valenzuela, por el SEA; y Gonzalo Cubillos Prieto, por Inmobiliaria Mirador Punta Pite SpA, tercero coadyuvante del SEA.

Ir al expediente de la causa R-399-2023

La nueva edición de esta Asamblea, que se celebra esta semana, registra una cifra récord de 6000 delegados, entre ellos siete jefes de Estado y 139 ministros y viceministros, así como expertos, activistas y representantes de la industria. Entre sus temas a debate figuran algunos como la escasez de agua o las tecnologías que alteran el clima.

En Nairobi, la sexta edición de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que cada dos años reúne a los 193 Estados miembros de la ONU, sostuvo este encuentro para abordar colectivamente los problemas medioambientales críticos a los que se enfrenta el planeta.

Creada como una especie de “parlamento mundial sobre el medio ambiente”, la Asamblea, que seguirá sus trabajos hasta el 1 de marzo, pretende definir las prioridades de las políticas medioambientales y elaborar legislación internacional en la materia.

Es el único momento, aparte de las reuniones de la Asamblea General de la ONU, en el que participan todos los Estados miembros.

© Ocean Image Bank/Naja Bertolt

Plástico flotando en un arrecife de coral en Bali.

¿Por qué es importante?

Se espera que la Asamblea del Medio Ambiente de 2024 acoja a la cifra récord de 6000 delegados, entre ellos siete jefes de Estado y 139 ministros y viceministros, así como expertos, activistas y representantes de la industria.

La Asamblea se creó en 2012 como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, celebrada en Brasil. Desde su creación, la Asamblea ha marcado el comienzo de una nueva era de la cooperación en la que las cuestiones medioambientales han recibido el mismo nivel de importancia que preocupaciones mundiales como la paz y la seguridad, y la salud.

A lo largo de los años, la Asamblea ha aprobado importantes resoluciones sobre temas como la lucha contra el tráfico ilegal de fauna y flora silvestres, la protección del medio ambiente en zonas de conflicto armado o la movilidad urbana sostenible, entre otros.

Gracias a los debates de la sesión de 2022 de la Asamblea de Medio Ambiente, se han iniciado las negociaciones sobre el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante para acabar con la contaminación provocada por el plástico, que se espera esté terminado a finales de 2024.

¿Qué está en juego este año?

Los temas centrales de debate serán los acuerdos internacionales sobre medio ambiente y cómo pueden contribuir a superar la triple crisis planetaria del caos climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

A pesar de las incertidumbres socioeconómicas surgidas a raíz de la pandemia del COVID-19 y de las crecientes tensiones geopolíticas actuales, los dos últimos años han estado marcados por victorias muy importantes para la cooperación medioambiental.

Por ejemplo, en 2022, la Asamblea General de la ONU reconoció el derecho humano universal a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, abriendo espacio para cambios constitucionales y legales en los países a favor del medio ambiente y la humanidad.

Ese mismo año, se aprobó el histórico Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, con medidas para proteger a un millón de especies de animales y plantas en peligro de extinción.

En junio de 2023, los 193 países miembros de la ONU firmaron el llamado Tratado de Alta Mar, para conservar la biodiversidad marina en zonas situadas más allá de las jurisdicciones nacionales.

El pasado noviembre, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) se anunció un acuerdo largamente esperado sobre la financiación de las “pérdidas y daños” para los países vulnerables más afectados por el cambio climático.

La Asamblea ha reservado un día de su período de sesiones para debatir estos y otros éxitos y estudiar cómo pueden los gobiernos adoptar medidas amplias y unificadas, incluida la financiación adecuada, para aplicar los acuerdos multilaterales que han firmado.

Al mismo tiempo, la Asamblea no se centrará únicamente en nuevos compromisos, sino en el cumplimiento de todos los que ya existen.

© Naciones Unidas/Mukhopadhyay S

El cambio climático y las prácticas insostenibles en relación con la tierra y el agua están provocando sequías en todo el mundo.

¿Cuáles son los temas prioritarios?

Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha destacado las seis áreas prioritarias de esta edición:

• escasez de agua
• minería responsable
• gestión de minerales, especialmente el fósforo
• tecnologías que alteran el clima
• financiación de acciones medioambientales
• aplicación del Acuerdo de Kunming -Montreal

Según Andersen, “todo lo que tenemos que hacer es reunirnos y poner en práctica estas soluciones globales que nos hemos prometido mutuamente, de modo que podamos asegurar el futuro para toda la humanidad, viviendo en un planeta sano y próspero”.

Las negociaciones previas y durante el evento se centran en las propuestas de resolución presentadas por los Estados miembros y en la declaración ministerial que se adoptará al término de la Asamblea. Las resoluciones pretenden identificar y priorizar retos comunes y posibles soluciones.

En la Asamblea se debatirán 20 resoluciones y 2 decisiones, que abarcan temas como la modificación de la radiación solar, la minería, la desertificación, la circularidad de la agroindustria de la caña de azúcar, los plaguicidas altamente peligrosos, el aumento de la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades a la sequía, la cooperación regional para la calidad del aire, entre otros.

Cortesía Lok Sujag Pakistan

Los procesos de producción textil de moda rápida agravan las emisiones de gases de efecto invernadero en Pakistán.

¿Qué pasa con las negociaciones?

En la Asamblea de Medio Ambiente se espera que las resoluciones se aprueben por consenso. En la práctica, esto significa que todos los miembros presentes tienen derecho a vetar una decisión.

Por ello, la semana previa a la conferencia es esencial para que las delegaciones revisen los proyectos de texto y eviten o superen los puntos muertos. Las negociaciones suelen prolongarse durante la semana de la conferencia, con sesiones a puerta cerrada que pueden prolongarse hasta altas horas de la noche.

Como máximo órgano decisorio del mundo en materia de medio ambiente, la Asamblea pretende contribuir a restablecer la armonía entre la humanidad y la naturaleza, mejorando la vida de las personas más vulnerables del planeta.

El PNUMA comprará créditos de carbono certificados para compensar las emisiones de los viajes de los participantes, así como otras medidas para reducir el impacto medioambiental de la conferencia.

La decisión se enmarca en lo establecido por la recién publicada Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas que incluyó un mecanismo de reconocimiento de generación territorial.

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático determinó que las comunas en transición de Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví, Quintero y Coronel fuesen beneficiadas con una rebaja en las cuentas de electricidad, de acuerdo con la Ley de Estabilización de las Tarifas Eléctricas.

En el marco de esta Ley, aprobada en el Congreso y publicada el pasado martes 30 de abril, se incluyó un mecanismo de reconocimiento territorial para zonas denominadas en transición, definidas para este efecto como aquellas en que históricamente se han ubicado complejos termoeléctricos a carbón y que actualmente viven procesos de cese de operaciones.

El ministro de Energía, Diego Pardow, explicó que “esta era una sentida demanda de las comunidades que han tenido o tienen centrales termoeléctricas. Este descuento implicará una reducción aproximada de entre 20% y 30% – dependiendo de la comuna y la actualización de los decretos tarifarios- en la cuenta final de clientes regulados de dichas comunas y se aplicará de manera automática a partir del segundo semestre de 2024”.

Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, señaló que “esta medida es un paso muy importante en la transición socioecológica justa que estamos impulsando como gobierno. Será un apoyo para mejorar la calidad de vida de las personas y promoverá el mayor uso de sistemas eléctricos de calefacción en estas comunas, permitiendo reemplazar aparatos contaminantes”.

Este beneficio se suma a rebajas tarifarias aprobadas con anterioridad y que reconocieron la generación local de electricidad, otorgando un descuento en la boleta de consumo, según la intensidad de su aporte eléctrico al Sistema Eléctrico Nacional.

La decisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático -presidido por la ministra de Medio Ambiente e integrado por los titulares de Energía, Minería, Economía, Vivienda, Obras Públicas, Desarrollo Social, Educación, Transportes y Telecomunicaciones, Ciencia, Hacienda, Salud, Bienes Nacionales y Agricultura- podrá revisarse a fines del 2026.

Como actividad de cierre de la primera Pre COP de la Sociedad Civil del Acuerdo de Escazú, las personas asistentes se convocaron en una asamblea plenaria que reunió las principales reflexiones de la Pre COP, las cuales se acordaron en el presente documento.

Fundación Terram

En Santiago de Chile, la ciudadanía de toda Latinoamérica y el Caribe, se reunió para desarrollar la primera Pre COP de la Sociedad Civil del Acuerdo de Escazú. En este encuentro se produjo un intercambio regional de conocimientos y experiencias en torno a la urgente promoción de la democracia a partir de los derechos de acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y la justicia en asuntos ambientales, el apremiante resguardo de los derechos humanos de las personas defensoras del medio ambiente y el rol fundamental que cumplen los pueblos indígenas en la protección ambiental.

Fueron más de 45 actividades, promovidas por personas, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas provenientes de países como Costa Rica, Bolivia, Colombia, Perú, México, Ecuador, Argentina, Brasil y Chile, entre otros, convocando a más de 500 personas de manera presencial -además de quienes siguieron el evento a través de la transmisión online-. Algunas de las temáticas que se abordaron fueron: género, niñeces, adolescencias y juventudes, pueblos originarios, derechos humanos, crisis climática, transición energética, brechas en los derechos de acceso, y violencia contra personas defensoras ambientales en Latinoamérica, entre otras, dando cuenta del interés de la sociedad civil y pueblos
originarios por la necesidad de impulsar una implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú.

Valorando el gran impacto que significa contar con un tratado como es el Acuerdo de Escazú y la voluntad de todas las Partes por seguir avanzando en el intercambio de capacidades, así como en justicia ambiental, desde la ciudadanía el llamado es a continuar profundizando su implementación de manera colaborativa entre los Estados, los órganos multilaterales, la sociedad civil y el mundo privado.

Como actividad de cierre, las personas asistentes se convocaron en una asamblea plenaria que reunió las principales reflexiones de la Pre COP y acordaron en el presente documento 13 puntos para que las Partes del Acuerdo de Escazú, presten especial atención a lo siguiente:

1 Garantía de derechos de las personas defensoras.
La implementación del Plan de Acción debe fortalecer la legislación nacional y la generación de una institucionalidad adecuada y competente, con sistemas de supervisión pública, frente a las situaciones de violencia, hostigamiento y amenaza que circunda a las personas defensoras de
los derechos humanos. Será clave reconocer sus contribuciones al desarrollo sostenible y a la democracia a través del establecimiento de mecanismos de reparación, resarcimiento de los daños y protección efectiva. El Plan de Acción debe cautelar los derechos de las personas
defensoras y sus familias a desarrollar sus actividades en ambientes propicios y seguros y asegurar los derechos colectivos. El Plan de Acción debe establecerse como el piso mínimo de las legislaciones nacionales y no restar estándares.

2 Continuar y robustecer el Foro sobre Defensoras y Defensores
Llamamos a las partes a continuar y robustecer el Foro sobre Defensoras y Defensores y realizarlo de manera anual para asegurar el aprendizaje y transferencia de capacidades continua entre las partes y el desarrollo de esquemas de rendición de cuentas. Asimismo, para garantizar la articulación a nivel regional y transfronteriza de la sociedad civil, las personas defensoras y sus redes.

3 Continuar y generar un nuevo mandato del Grupo de Trabajo Ad Hoc de composición abierta
Dada la situación regional en relación al riesgo vital que enfrentan las personas defensoras del medio ambiente, instamos a la permanencia de este grupo incorporando un nuevo mandato que cuente de manera obligatoria con la participación en la toma de decisiones de personas
defensoras ambientales, con énfasis en representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes con el fin de favorecer la reflexión para la mejora del Plan, su implementación y el seguimiento del mismo con una efectiva participación de las y los defensores.

4 Participación de Pueblos Indígenas
Contar con un Caucus Indígena como espacio propio de (y para) personas defensoras indígenas integrado en el marco de la COP, que cuente con apoyo técnico y financiero para su funcionamiento.

Contar con una Relatoría sobre Pueblos Indígenas, para centralizar el total de necesidades de las personas defensoras.

5 Fortalecimiento del rol del público en la toma de decisiones
Es crucial que se generen mecanismos de comunicación transparente y fluida que garanticen una participación equitativa en los espacios de diálogo entre los países Partes, los órganos del Acuerdo y las personas Representantes del Público.

Asimismo, que el Comité de Cumplimiento cuente con modalidades de trabajo que aseguren el apoyo y seguimiento a una correcta implementación del Acuerdo en Latinoamérica y el Caribe con la participación del Público.

Establecer un protocolo que asegure el acceso a la información y participación efectiva de las organizaciones, pueblos indígenas y afrodescendientes, y comunidades rurales, que vaya más allá de las instancias e iniciativas virtuales y que reconozca los medios y mecanismos de los pueblos y comunidades a nivel territorial.

6 Participación incluyente, adecuada y significativa en cada etapa del proceso:
Para una puesta en marcha e implementación efectiva del Acuerdo de Escazú y el Plan de Acción de personas defensoras, se deben establecer los mecanismos para garantizar y velar por el derecho de participación, en particular de personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Esto es, asegurar el acceso a la información de manera oportuna, así como instancias para una plena y efectiva participación en el diseño, ejecución y evaluación de las actividades planteadas para la implementación del Acuerdo.

Asimismo, frente a la relevancia del Acuerdo y el creciente interés, es clave que el proceso para la participación en las COPs se realice en tiempo y forma adecuada, es decir con un marco de tiempo suficiente para el registro, en lugares que tengan el espacio suficiente para albergar
a un grupo amplio de personas, y en base al principio de máxima publicidad y elevados estándares de transparencia.

7 Plan de Acción de Género
Resulta clave reconocer los efectos e impactos diferenciados de las mujeres en materia de satisfacción de los derechos de acceso y para ello, es clave que los países acuerden la construcción de directrices para la efectiva transversalización de género en sus planes de
implementación del Acuerdo a nivel nacional.

Reiteramos la importancia de que el Acuerdo de Escazú cuente al corto plazo con su propio Plan de Acción de Género.

8 Personas desplazadas forzosamente, migrantes y refugiadas climáticas y ambientales:
Definir el concepto de personas desplazadas forzosamente, migrantes y refugiadas climáticas y ambientales para establecerlo como uno de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad que son prioritarios para efectos de acceso a la información y justicia ambiental.

Su aplicación se debe materializar a través de recomendaciones a las Partes para el cumplimiento efectivo de los planes de implementación.

9 Niñeces, adolescencias y juventudes
La implementación efectiva del Acuerdo de Escazú debe considerar un enfoque intergeneracional para involucrar a las nuevas generaciones en la promoción de la justicia ambiental.

10 Perspectiva amplia y fortalecimiento de la comprensión del término “persona defensora ambiental”.

El Plan de Acción debe dar cuenta de una visión y conceptualización amplia del término persona defensora ambiental de manera de incluir a personas y grupos cuyas funciones o trabajos, acciones y/o actividades se relacionan con la defensa de la naturaleza.

11 Compromiso con una sociedad en armonía con la naturaleza y los pueblos
La implementación del Acuerdo de Escazú debe aplicarse en los procesos de toma de decisiones relacionados a la mitigación y adaptación frente a la crisis climática y ecológica, con especial atención en la transición energética, obedeciendo a un amplio criterio de justicia.
El Acuerdo de Escazú debe contribuir al empoderamiento climático y a la generación de una ciudadanía informada y activa y a una sociedad con sistemas de justicia adecuados a fin de fortalecer la democracia ambiental.

12 Acceso a la justicia ambiental
Que los Estados partes incluyan en sus planes de implementación nacional del Acuerdo de Escazú el compromiso de establecer medios materiales que aseguren el acceso a la justicia. Para ello se deberá facilitar el empoderamiento y entregar asesoría a las comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes, y otros en situación de vulnerabilidad, obedeciendo a sus necesidades y decisiones. Esto permitirá garantizar el respeto a los derechos humanos ambientales.

13 Financiamiento al Acuerdo de Escazú
Es imperativo que los Estados Parte demuestren su compromiso con la implementación del Acuerdo de Escazú a través de aportes económicos significativos al Fondo Voluntario de Financiamiento.

Adhiere,

Organizaciones y comunidades:
1. 350.org; Brasil
2. Agrupación ecofeminista Mestizas de Castro Chiloé; Chile
3. Agrupación Mapuche Huilliche Mapunewenche; Chile
4. Agrupación vecinal las lengas; Chile
5. Alerta Isla Riesco (AIR); Chile
6. Alianza Escazú Guatemala; Guatemala
7. Alianza Intergeneracional Boliviana por el Acuerdo de Escazú; Bolivia
8. Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques; Guatemala
9. Alianza para la Acción Climática Venezuela; Venezuela
10. Alternativa Terrazul; Brasil
11. Ambiente y sociedad; Colombia
12. Amnistía Internacional; Américas
13. Artyc; Chile
14. Asociación Ciudadana por los derechos humanos; Argentina
15. Asociación de Guías y Scouts de Chile; Chile
16. Asociación Educativa y de Incidencia Pública Otros Cruces; Chile
17. Asociación Generaciones de Paz; El Salvador
18. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); regional, América
Latina y el Caribe
19. Asociación para la educación y el desarrollo; Guatemala
20. Asociación red de recicladores rehobot; Colombia
21. Caribbean Natural Resources Institute; Trinidad and Tobago
22. Central Unitaria de Trabajadores de Chile; Chile
23. Centro Boliviano de Derecho Ambiental y Clima; Bolivia
24. Centro de Derechos Humanos Universidad Diego Portales; Chile
25. Centro de Desarrollo Humano. CDH-Honduras; Honduras
26. Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); México
27. Ciedur; Uruguay
28. Climate Action Network America Latina; Chile y Regional
29. Colectivo CASA; Bolivia
30. Comité Agua Potable Rural Newen ko; Wallmapu Chile
31. Comité Chico Mendes; Brasil
32. Comité Mundial de Seguimiento a ODS e Instituto Boliviano de Urbanismo; Bolivia
33. Comunicación y Educación Ambiental SC; México
34. Comunidad Amack tambillos;
35. Comunidad indígena diaguita Amack tambillos; Chile
36. Comunidad indígena Kamau; Chile
37. Comunidad Q’eqchi’ y Poqomchi; Guatemala
38. Comunidad Mapu-Ko; Wallmapu Chile
39. Comunidad Kamêntša; Colombia
40. Comunidad San josema; Bolivia
41. Consejo Ciudad Puerto San Antonio; Chile
42. Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA);
Perú
43. Corporación Motum; Chile
44. Corporación Programa Poblacional de Servicios La Caleta; Chile
45. Cultura Ecológica; México
46. Defensoría Ambiental; Chile
47. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
48. Ecosistemas; Chile
49. Fundação Esquel Brasil; Brasil
50. Fundación CAUCE: Cultura Ambiental, Causa; Argentina
51. Fundación Chile Sustentable; Chile
52. Fundación Ciudadanos y Clima; Chile
53. Fundación Colectivo Hombres XX, A. C.; México
54. Fundación Ecosur; Chile
55. Fundación Escazú Ahora; Chile
56. Fundación Gaia Pacha; Bolivia
57. Fundación LIBERA; Chile
58. Fundación Ojos de Mar; Chile
59. Fundación Ruta de la Paz; Chile
60. Fundación Terram; Chile
61. Fundación Territorio Costero; Chile
62. Fundeps; Argentina
63. GEEMA – Grupo de Estudos em Educação e Meio Ambiente; Brasil
64. Greenpeace; Chile
65. Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA;
República Dominicana
66. Instituto Perifa Sustentável; Brasil
67. Instituto SustentAção; Brasil
68. Instituto Zé Claudio e Maria; Brasil
69. Jóvenes por el Clima; Argentina
70. Junta de vecinos 14 “Seminario” de Providencia; Chile
71. Liga de Defensa del Medio Ambiente; Bolivia
72. Modatima Punta Arenas; Chile
73. Movimiento Ciudadano Salvemos el Lago Nongüen; Chile
74. Movimiento ciudadano Chao Pescao; Chile
75. Movimiento Movilizándonos por una cultura de derechos de NNAJ en Chile; Chile
76. Mujeres Amazonía y Paz; Colombia
77. Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia; Chile
78. Mujeres en Resistencia Chile; Chile
79. Mujeres Modatima / Modatima Provincia de Petorca; Chile
80. Mujeres por el Buen Vivir; Chile
81. Network of Rural Women Producers Trinidad and Tobago; Trinidad and Tobago
82. Nuevo Comité Ambiental Comunal del Tabo (CAC); Chile
83. Observatorio del Acuerdo de Escazú – Bolivia; Bolivia
84. ONG CEUS Chile; Chile
85. ONG FIMA; Chile
86. ONG Verde Urbano; Chile
87. Organización Regional de mujeres indígenas chiquitanas ORMICH; Bolivia
88. Oxfam; Brasil
89. Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático; Bolivia; Bolivia
90. Plataforma Chilena de la Sociedad Civil Sobre Derechos Humanos y Empresas;
Chile
91. Plataforma de acción y educación para el resguardo ambiental y social PLAYERAS;
Chile
92. Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio – ILC LAC;
Colombia, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Guatemala.
93. Plataforma Internacional contra la Impunidad; Guatemala
94. Protege Los Molles; Chile
95. Reacción Climática; Bolivia
96. Red de Adolescentes y Jóvenes Indígenas de Amazonas; Venezuela
97. Red de defensoras del ambiente y el Buen Vivir; Argentina
98. Red de Humedales de Chile; Chile
99. Red Ecofeminista Latinoamericana y del Caribe; Latinoamérica y Caribe
100. Red Nacional del Agua; Colombia
101. Red Nacional por la Soberanía Alimentaria en Guatemala-REDSAG-|Alianza
Escazú Guatemala; Guatemala
102. RedAfros; República Dominicana
103. Rede de Mulheres Ambientalistas da América Latina; Brasil
104. RENAMAT; Bolivia
105. SCAC Magallanes; Chile
106. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental; Perú
107. Somos Humedal Córdova; Chile
108. Sustenta Honduras; Champion de Escazú; Honduras
109. Universidad Alberto Hurtado; Chile
110. Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad de
La Frontera (CDH-UFRO); Chile
111. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Argentina
112. Representantes del Público; Latinoamérica y el Caribe
Personas naturales:
113. Marcotulio Cardona Conde; El Salvador
114. Esteban Aguilar Morales; Chile
115. Romina Arriagada; Chile
116. Letícia Batista Mathias; Brasil
117. Lorena Berrios; Chile
118. Carmen Capriles; Bolivia
119. Felipe Javier Cárcamo Moreno; Chile
120. Juan Carlos Carrillo Fuentes; México
121. Matías Cortés Calderón; Chile
122. Paola Cortes Martinez; Bolivia
123. Verónica Delgado; Chile
124. Andrea Detjen Ibáñez; Uruguay
125. Lorena Donaire; Chile
126. Valeria Inés Enderle; Argentina
127. Valentina Escuti Bustos; Chile
128. Patricia Estivill; Chile
129. Mayra Figueroa; Chile
130. Maria Alice Freire; Brasil
131. Felipe Alejandro Fuentealba Contreras; Chile
132. Cecilia Gajardo Banegas; Chile
133. Aida Gamboa; Perú
134. Uriel Gonzalez Inostroza; Chile
135. Jacqueline Guerreiro; Brasil
136. Luis Alejandro Gutiérrez Méndez; Chile
137. Cristobal Huanca Salles; Bolivia
138. Jeanette Inostroza Armijo; Chile
139. Liliana Iturriaga Manríquez; Chile
140. Edwin Jaldin; Bolivia
141. Francisca José Jimeno Donaire; Chile
142. Dina Juc; Guatemala
143. Berna Labarca; Chile
144. Bárbara León; Chile
145. Mayra López Pineda; México
146. María José Lubertino Beltrán; Argentina
147. Karla Maass; Regional; Chile
148. Angela Mendes; Brasil
149. Juan Sebastián; Chile
150. Nicolás Agustín Navarro Aravena; Chile
151. Giovanni Rodrigo Nuñez saldivia; Chile
152. Lorena Ojeda; Chile
153. Lorena Cecilia Parra Cuevas; Chile
154. Felipe Perillán Caviede; Chile
155. Jacqueline Peters; Chile
156. Ricardo Andres; Honduras
157. Nohora Alejandra; Colombia
158. Ximena Salinas; Chile
159. Mahryan Sampaio; Brasil
160. Ginnia Silva Amaya; Chile
161. Gabriela Simonetti Grez; Chile
162. Gregor JerkoStipicic Escauriaza; Chile
163. Ana Sugranyes Bickel; Chile
164. Pamela Venegas; Chile
165. Ana Vergara San Martín; Chile
166. Benjamín Villablanca, Chile

El Ministerio de Salud inició la consulta pública del anteproyecto del Plan de Mitigación al Cambio Climático del Sector Salud, que aborda los desafíos relacionados con la gestión de residuos, y que contó con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente. Este plan establece cinco grandes medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asignadas al Ministerio de Salud. 

Estas acciones son: la valorización de residuos orgánicos a través de compostaje domiciliario, en establecimientos educacionales y a gran escala; Instalación de sistemas de captura y valorización o quema de biogás en rellenos sanitarios existentes y nuevos; Reciclaje de papel y cartón, buscando alcanzar un 70% al 2035; Reducción del desperdicio de alimentos mediante el fortalecimiento de políticas públicas y la redistribución de alimentos; y la Medición de la huella de carbono y eficiencia energética en hospitales públicos. 

Se espera que, con un trabajo coordinado y colaborativo con otros organismos públicos, gobiernos regionales y locales, y el sector privado, se puedan implementar las 65 actividades propuestas en el plan para cumplir con el presupuesto de carbono asignado al sector salud y contribuir al objetivo de alcanzar la carbono neutralidad en Chile al 2050. 

El anteproyecto estará disponible para consulta pública hasta el lunes 29 de julio. Se invita a toda la ciudadanía a revisar el documento y enviar sus observaciones y comentarios. 

El anteproyecto está disponible en el siguiente enlace: https://degreyd.minsal.cl/wp-content/uploads/2024/04/Propuesta_Anteproyecto_PSM_Sector_Residuos-1.pdf

 A través del siguiente formulario puede hacer llegar sus observaciones: https://forms.office.com/r/TbePtxmRhF