- La iniciativa, coordinada por Chile, Ecuador y Saint Kitts and Nevis se enmarca en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que busca promover y proteger los derechos de quienes velan por la preservación del medioambiente.
Ministerio del Medio Ambiente.- La segunda jornada de la COP3 del Acuerdo de Escazú cerró de la mejor forma. En una intensa sesión, en la que participaron miembros de las delegaciones de los Estados parte y tras las deliberaciones de miembros del público, finalmente se aprobó el Plan de Acción sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales.
Esta iniciativa, coordinada por Chile, Ecuador y Saint Kitts and Nevis, se enmarca en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que busca promover y proteger los derechos de quienes velan por la preservación del medioambiente. Así, tras dos años de arduo trabajo, finalmente se consiguió aprobar el documento que marca un hito en la protección de las defensoras y los defensores ambientales en América Latina y el Caribe.
Sobre esta noticia, el ministro (s) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, aseguró que “para nuestro país es imprescindible garantizar un entorno seguro y propicio para quienes promueven y defienden el medioambiente, garantizar sus derechos y contar con medidas de respuesta. Por eso, nos involucramos directamente en el desarrollo de este plan, que es de alto interés para la sociedad civil, ya que busca fortalecer la protección de estas personas defensoras de derechos humanos. Este es, sin dudas, el principal hito de esta COP”.
Sobre el Plan de Acción sobre Defensores en DDHH en Asuntos Ambientales
En la primera Conferencia de las Partes de Escazú, celebrada en Santiago en 2022, se estableció un grupo de trabajo conformado por Chile, Ecuador y Saint Kitts y Nevis, y abierto a quien quisiera participar, con el propósito de desarrollar este plan de acción. Tras dos años de arduo trabajo, y varias instancias de consulta pública, nos encontramos ante un documento que marca un hito en la protección de los defensores ambientales en América Latina y el Caribe.
El objetivo principal de este plan es poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del Acuerdo de Escazú. Con un plazo de ejecución de seis años, desde abril de 2024 hasta abril de 2030, se espera generar un cambio tangible en la protección y reconocimiento de quienes dedican sus vidas a defender nuestro planeta.
El plan se estructura en cuatro ejes prioritarios interrelacionados y complementarios entre sí: generación de conocimiento, reconocimiento, fortalecimiento de capacidades y cooperación en apoyo a la implementación nacional, y evaluación, seguimiento y revisión del plan de acción. Cada uno de estos ejes incluye un conjunto de acciones estratégicas que buscan abordar los desafíos específicos que enfrentan quienes promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
Bajo el primer eje, centrado en la generación de conocimiento, se elaborará un diagnóstico que incluye la situación de los defensores ambientales en la región, así como los instrumentos de prevención, protección y sanción existentes.
Por otro lado, el eje de reconocimiento busca destacar públicamente la labor de los defensores ambientales, contribuyendo así al desarrollo de una cultura en favor del medio ambiente y los derechos humanos. Esto se llevará a cabo a través de acciones tales como actividades de conmemoración y reconocimiento del trabajo realizado.
El tercer eje, de fortalecimiento de capacidades y cooperación, tiene como objetivo apoyar la elaboración e implementación de leyes, políticas y programas destinados al reconocimiento y protección de defensoras y defensores ambientales. Esto incluye la generación de lineamientos regionales, así como la capacitación de operadores de justicia y otros actores relevantes en la temática ambiental.
Finalmente, el eje de evaluación, seguimiento y revisión del plan de acción se encargará de monitorear y evaluar el progreso de las acciones implementadas, asegurando la transparencia y rendición de cuentas en todo momento. Esto se llevará a cabo a través de la participación significativa del público y la presentación periódica de informes sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Constance Nalegach, Jefa de la Oficina de asuntos Internacionales y una de las coordinadoras del plan, valoró el trabajo realizado. “El contar con el primer y único plan regional para proteger a quienes defienden el medioambiente es un tremendo logro de la COP de Escazú y beneficiará a sus 16 Estados parte. Fue un proceso desafiante el lograr el consenso entre los representantes de países con realidades distintas y, a la vez, que alcanzar un instrumento que fuese valorado por la diversidad de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, que ven en él una herramienta clave para desempeñar su labor sin amenazas, restricciones e inseguridades”.
Además, la abogada y una de los puntos focales ante el Acuerdo de Escazú, añadió que “nuevamente se demuestra que un proceso inclusivo y abierto beneficia la toma de decisiones”.
“El Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo Escazú celebra la decisión de aprobar el Plan de Acción de Defensores y Defensoras Ambientales. En el marco del Acuerdo de Escazú, este plan contribuirá al desarrollo del cuarto pilar de este instrumento regional. Los ejes y acciones estratégicas que se acordaron guiarán a los Estados parte por los próximos seis años. El fortalecimiento de capacidades y la cooperación es fundamental para poder garantizar el entorno seguro y propicio para que los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales sigan desarrollando su trabajo que es vital para proteger el ambiente, todas las formas de vida y las personas”, aseguró, Patricia Madrigal, Presidenta del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
Joara Marchezini, representante electa del público para el Acuerdo, reconoció que “el equipo de Representantes Electos del Público cree que hemos dado un paso importante para toda la región de América Latina y Caribe con la aprobación del Plan de Acción para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en asuntos ambientales. Dicho equipo reconoce la labor del Grupo de Trabajo y del público en elaborar e impulsar la propuesta. Estamos listos para apoyar la implementación plena del plan con la participación efectiva del público.
Felipe Pino, Coordinador de Proyectos de ONG FIMA, una de las organizaciones que participaron en la elaboración de este plan, recalcó la importancia de las acciones de los países para su correcta aplicación. “En Chile, será fundamental que tanto este plan, como el protocolo de defensores que acaba de aprobar el Ministerio de Justicia, dialoguen hacia un fin efectivo de las agresiones y criminalización de las comunidades locales e indígenas defensoras del medioambiente”, cerró el abogado.
