«Historia de la Fisiología en Concepción, Chile: 100 años. Todo cambia, todo sigue igual» es el nombre de la obra escrita por el Dr. Luis Aguayo Hernández.
En el marco del mes de aniversario de la Universidad de Concepción se realizará la presentación del libro Historia de la Fisiología en Concepción, Chile: 100 años. Todo cambia, todo sigue igual, del Dr. Luis Aguayo Hernández. La obra es de importancia histórica, institucional y patrimonial, ya que resumeparte importante del nacimiento y desarrollo de las ciencias médicas en Chile y particularmente en la casa de estudios penquista.
Según el autor, en el libro se expone “una mirada distinta, única y humanista. Relata elementos nuevos, no descritos con anterioridad, de un área científica que nació con la Universidad. Más que una simple descripción de hechos, se trata de darle un enfoque humano y crítico”, resalta.
“El libro pone en contexto lo que estaba pasando en Europa en universidades prestigiosas y nuestra naturaleza campesina, con escasa agua potable y pobreza. A todo esto, se le inventa un departamento con un grupo de profesores europeos, formados en las mejores universidades”, cuenta el Dr. Aguayo.
La obra comienza con la revisión de la labor del científico letón Alejandro Lipschütz, quien arribó al país en 1926, contratado por el primer rector de la UdeC, Enrique Molina. Lipschütz fue quien organizó la cátedra de Fisiología, el Instituto de Fisiología y posteriormente la Sociedad de Biología de Concepción, junto a otros científicos con los que formó equipos que marcarían el futuro de la investigación de avanzada en el área de la medicina. El autor hace un recuento de las principales personas que continuaron el trabajo en la Universidad de Concepción hasta nuestros días.
Acerca de la figura y labor de Alejandro Lipschütz, el profesor Aguayo sostiene que “es un individuo enigmático, que seguramente hubiese llegado a ser Premio Nobel si hubiese mantenido niveles de recursos superiores para su investigación. Queda mucho por aprender de él y otros para entender hacia dónde van las instituciones universitarias tradicionales en Chile”.
Para el desarrollo de esta obra, el autor realizó una exhaustiva y minuciosa recopilación de datos encontrados en diversas fuentes y también mediante entrevistas a docentes mayores de 85 años. A través de este trabajo, que comenzó con la idea de escribir una breve historia sobre esta área en el marco del Centenario de la UdeC, el Dr. Luis Aguayo decidió profundizar aún más para llenar los vacíos documentales existentes y de esta manera aportar al patrimonio universitario, local e incluso nacional e internacional.
Esta obra, que inaugura la colección Paseante, se suma a otras similares de rescate de la cultura institucional que la Editorial UdeC viene impulsando fuertemente en los últimos años. El libro se presentará el 20 de mayo a las 11:00 horas, a través de Facebook Live de Editorial UdeC.
Sistema de subasta desarrollado por investigadores del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile permitió recaudar 453 millones de dólares para el Estado por la licitación del espectro radioeléctrico 5G, cifra que representa un aumento de 512 por ciento respecto a los 74 millones de dólares obtenidos por la suma de todas las licitaciones de espectro en la historia del país. El diseño implementado simplifica los procesos de licitación y minimiza los riesgos de colusión y marca una senda para asignar de manera eficiente y transparente otros bienes públicos a futuro.
Tradicionalmente en nuestro país, la asignación del espectro radioeléctrico para tecnologías 4G, 3G y otras se realizaba a través de procesos técnicos administrativos o “beauty contest”. En ellos, los participantes presentaban un proyecto técnico que se comprometían a realizar y -sólo si varios de ellos empataban- se hacía una licitación poco competitiva, en la cual -por lo general- había un bloque garantizado para cada participante. De esta manera, al haber poca competencia, las ofertas económicas distaban de ser óptimas y, por ello, la recaudación en las distintas licitaciones era muy baja.
Sin embargo, esta situación ya será cosa del pasado gracias a un proyecto liderado por directivos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y un equipo del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile que implementó un nuevo sistema de subasta pública en el último proceso de licitación para la tecnología 5G en Chile, concurso que finalizó en febrero recién pasado, y que permitió recaudar 453 millones de dólares para el Estado. Esto equivale a un aumento de 512 por ciento o seis veces el monto generado por la suma de todas las licitaciones de espectro en la historia de Chile, que alcanzan los 74 millones de dólares.
“Los resultados permiten afirmar que se cumplieron todos los objetivos que el regulador se propuso. Participaron las principales empresas de esta industria, adjudicando espectro a tres de ellas (Entel, Movistar y WOM) en un proceso competitivo”, señala el equipo integrado por Juan Escobar, director del Instituto Milenio de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MIPP); José Correa, investigador principal del Centro de Modelamiento Matemático (CMM) e investigador invitado del MIPP y del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI); y Rafael Epstein, investigador titular del ISCI, además de los investigadores jóvenes Natalie Epstein y Yerko Montenegro.
Subasta 5G
En febrero de este año, nuestro país realizó el concurso 5G con el objetivo de asignar el espectro radioeléctrico que permitirá desarrollar esta tecnología, un recurso limitado que constituye un bien de dominio público. El concurso contempló tres licitaciones independientes:
Banda de 700 MHz: 1 bloque de 20 MHz
Banda de AWS GHz: 1 bloque de 30 MHz
Banda de 3.5 GHz: 150 MHz, divididos en 15 bloques de 10 MHz
Los investigadores cuentan que para cada una de estas tres licitaciones se utilizó la subasta conocida como “sobre cerrado de primer precio”, con la condición de que cada participante tuviera la obligación de entregar cobertura de servicios en una zona similar del territorio nacional a la de los concursos anteriores (4G, 3G).
Para el caso de la banda de 3.5 GHz (la licitación más importante), se implementó un mecanismo de tipo combinatorial (donde se subastan múltiples objetos y las ofertas pueden ser por subconjuntos de objetos y no necesariamente por cada uno por separado), con el fin de maximizar las sinergias que podían ocurrir entre 15 bloques que se dividieron en dos partes; 10 bloques de 10 MHz en la parte baja y 5 bloques de 10 MHz en la parte alta.
Sobre esta fórmula, explican, “implementamos una subasta de tipo cerrada que es más simple y minimiza los riesgos de colusión para un bien estratégico que se asigna por 30 años. El diseño implementado permite que las firmas expresen sus economías de escala, por lo que naturalmente fomenta la participación”.
Para los 15 bloques de la banda de 3.5 GHz, el equipo de investigadores decidió implementar este mecanismo combinatorial, ya que los antecedentes sugerían que diferentes combinaciones de estos bloques tenían mayor valor para algunas empresas, mientras que otras combinaciones eran más valiosas para otras. “Esta realidad nos llevó a recomendar la conveniencia de permitir ofertas por ‘paquetes’ de bloques”, comentan.
En esta licitación participaron cinco empresas: Borealnet, Claro, Entel, Telefónica y WOM, de las cuales Entel, Movistar y WOM se adjudicaron espectro radioeléctrico. La mayor intensidad competitiva se produjo en la licitación del 3.5 GHz, lo cual confirmó -indican- la ventaja de haber elegido el mecanismo combinatorial.
“Esperamos que este caso sirva de experiencia para asignar en forma eficiente otros bienes públicos para que el mundo privado, sobre la base de inversión e innovación, logre el máximo potencial de los mismos”, concluyen los investigadores.
5G y su utilidad
La sigla 5G hace referencia a la quinta generación del estándar para tecnología de telefonía móvil, que especifica velocidades más altas y latencia -tiempo que transcurre entre que se envía un paquete de información y este llega al receptor- más baja que las generaciones anteriores. Esto permite mayor velocidad de descarga y la posibilidad de proveer internet a los hogares, así como desarrollar el “Internet de las Cosas”, IoT por su sigla en inglés.
La primera generación o 1G permitió las llamadas por celulares, 2G habilitó la mensajería, 3G permitió acceder a internet y 4G entregó banda ancha móvil. Con la tecnología 5G, la menor latencia permitirá mejores, nuevas e impensadas aplicaciones para la sociedad. Es así como podremos crear o mejorar un sinnúmero de aplicaciones en el hogar, la industria y el transporte, al tiempo de acceder a realidad aumentada, educación a distancia, telemedicina y comando remoto de equipos geolocalizados, además de posibilitar una gran cantidad de dispositivos conectados simultáneamente y otras aplicaciones que hoy todavía ni siquiera se visualizan.
Departamento de Ingeniería Industrial Universidad de Chile
Un importante informe revela que se ha logrado la llamada Meta 11 de Aichi, establecida hace 10 años, que preveía proteger más tierras, más aguas continentales y más medio marino. Pero también muestra cómo esas áreas están muchas veces aisladas, y cómo la biodiversidad se está perdiendo incluso dentro de las zonas de protección. América Latina y el Caribe es la región más protegida del mundo.
El mundo ha dado un paso importante al lograr una de las metas que se había propuesto, proteger al menos 17% de la tierra y las aguas continentales y 10% del medio marino, pero se ha quedado corto en sus compromisos sobre la calidad de estas áreas. Por ejemplo, solo el 8% de esas áreas terrestres protegidas están conectadas. Y la pérdida de biodiversidad continúa.
La última edición del informe Planeta Protegido que se publica cada dos años es la evaluación final de la Meta 11 de Aichi establecida en 2010 sobre áreas protegidas y conservadas que tenía como objetivo brindar importantes beneficios tanto a la biodiversidad como a las personas en un periodo de diez años:
“Para 2020, al menos 17% de las áreas terrestres y las aguas continentales, y 10% de las zonas costeras y marinas, especialmente las zonas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservarán mediante una gestión eficaz, equitativa y ecológicamente representativa y sistemas bien conectados de áreas protegidas y otras medidas de conservación efectivas basadas en áreas, e integradas en paisajes terrestres y marinos más amplios”, rezaba el compromiso de la Meta.
Según el informe, desde 2010 hasta la fecha, el progreso ha sido notable, ya que el 42% de los más de 22 millones de km2 de tierra y 28 millones de km2 de océano protegidos o conservados se agregaron en la última década, lográndose el objetivo.
De hecho, la cobertura terrestre superará considerablemente el objetivo de 17% cuando los datos de todas las áreas estén disponibles, ya que muchas áreas protegidas y conservadas siguen sin registrarse.ICRISATUna campesina cosecha mijo en la India.
Pérdida de biodiversidad
Sin embargo, el informe Planeta Protegido concluye que el desafío será mejorar la calidad tanto de las áreas nuevas como de las existentes para lograr un cambio positivo para las personas y la naturaleza, ya que la biodiversidad continúa disminuyendo, incluso dentro de muchas áreas protegidas.
Para ser eficaces, las áreas protegidas y conservadas deben incluir lugares importantes para la biodiversidad. Sin embargo, un tercio de las áreas clave en materia de biodiversidad, ya sea en tierra, aguas continentales o el océano, todavía no tienen protección alguna.
Así, por ejemplo, frente al 20,2% de las áreas terrestres clave para la biodiversidad que están totalmente cubiertas por áreas protegidas a finales de 2020, el 33,8% carecían por completo de cobertura, y frente al 24,2% de áreas marinas clave para la biodiversidad totalmente cubiertas por áreas protegidas, el 33,9% carecían por completo de cobertura.
“En los últimos años se han logrado grandes avances en el fortalecimiento de la red global de áreas protegidas y conservadas, las cuales juegan un papel crucial para abordar la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, designarlas y contabilizarlas no es suficiente; es necesario que se administren de manera eficaz y que se gestionen de manera equitativa para que sus múltiples beneficios se aprovechen a escala local y global y para asegurar un futuro mejor para las personas y el planeta”, asegura Neville Ash, director de Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente.
En números
La cobertura de áreas protegidas y conservadas según el documento queda como sigue:
El 16,64%: superficie de áreas terrestres y aguas continentales del planeta está dentro de áreas protegidas y conservadas documentadas, 22,5 millones de km2, en comparación con 20,2 millones de km2 en 2010. La cobertura de las áreas protegidas por sí solas es de 15,66%
El 17% o más de áreas terrestres y aguas continentales está dentro de áreas protegidas y conservadas en todo el mundo si todos los datos estuviesen disponibles, incluidos los lugares administrados por pueblos indígenas, comunidades locales y entidades privadas
El 7,74% total de la cobertura marina notificada en todo el mundo, 28,1 millones de km2, en comparación con solo nueve millones de km2 en 2010. Esta cifra está por debajo de la meta de cobertura de 10% establecida en 2010 para 2020, aunque no hay datos disponibles de todas las áreas protegidas y conservadas, y el informe no contempla aún un área de 8,8 millones de km2 para la cual existen planes o compromisos de protección durante la primera parte de 2021
El 18,01% de áreas marinas dentro de las fronteras nacionales está protegida, lo que supone un importantísimo aumento en los últimos años
Solo el 1,18% de áreas marinas fuera de las fronteras nacionales está protegida
Enigma Cesare IacovoneGeoparque de Majella en Italia.
Áreas aisladas
Las áreas protegidas y conservadas también deben estar mejor conectadas entre sí, para permitir que las especies se muevan y los procesos ecológicos funcionen. Si bien ha habido una mejora en tiempos recientes, menos de 8% de la tierra está protegida y conectada a la vez, una cifra muy por debajo de la proporción de 17% de la superficie terrestre que ahora está bajo protección. Asimismo, hace falta garantizar que las áreas circundantes se gestionen adecuadamente para mantener los valores de la biodiversidad.
“La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reconoce el enorme progreso logrado, en particular en la última década, con una proporción cada vez mayor del globo cubierta por áreas protegidas. Dado que la biodiversidad continúa disminuyendo, ahora pedimos a las Partes en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica de Kunming que establezcan un objetivo ambicioso, de proteger 30% de la tierra, el agua dulce y los océanos para 2030. Estas áreas deberán ubicarse de manera óptima para proteger la diversidad de la vida en la Tierra, administrarse de manera efectiva y gobernarse equitativamente”, afirma Bruno Oberle, director general de esa organización.
Acabar con la injusticia de quienes pagan y reconocer el trabajo de los pueblos indígenas
El informe también encuentra que es necesario hacer más para administrar las áreas protegidas y conservadas de manera equitativa, de modo que los costos de conservación no sean asumidos por la población local mientras que otros disfrutan de sus beneficios. Esto es clave para construir redes de conservación que cuenten con el apoyo y la participación de todas las personas en todas partes.
El informe hace un llamado a que, además de designar nuevas áreas, se identifiquen y reconozcan las áreas protegidas y conservadas que ya existen, mediante la contabilización de los esfuerzos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las entidades privadas y el reconocimiento de sus derechos y responsabilidades.
Los esfuerzos de conservación de estos custodios siguen siendo infravalorados y subestimados, no obstante, la importancia de sus contribuciones para asegurar un futuro para la biodiversidad.
Latinoamérica, la región más protegida del mundo
Según el informe Planeta Protegido 2020: Latinoamérica y el Caribe, publicado con anterioridad al documento de hoy, Latinoamérica y el Caribe es la región más protegida del mundo (sin considerar la región polar) con más de 8,8 millones de km2 en áreas protegidas terrestres y marinas.
Esta cifra equivale a un 21,4% del área total protegida por América Latina (el 24% de las zonas terrestres y el 19% de las zonas marinas y costeras), una cobertura mayor que la superficie total de Brasil o a la suma de los territorios continentales de Argentina, México, Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay.
Sin embargo, la región de Latinoamérica sigue el patrón del resto del mundo en cuanto a la biodiversidad. Se han identificado un total de 2300 Áreas Clave para la Biodiversidad que cubren más de 3,2 millones de km2. El 21,2% de estas Áreas Clave se encuentran cubiertas por áreas protegidas, que representan el 56,2% de la superficie total en la región, pero el 43,8% de las Áreas Clave no tiene ningún grado de protección bajo la figura de áreas protegidas.
A pesar del gran esfuerzo por cumplir el componente de cobertura de la Meta 11 de Aichi, la protección en América Latina no es representativa, en términos de biodiversidad ecológica, a distintas escalas de análisis.
Sólo la mitad de los biomas (conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está definido a partir de su vegetación y de las especies animales que predominan) presentes en América Latina y el Caribe alcanzan o superan el 17% de protección.
Algunos biomas, tales como el bosque y el matorral mediterráneo o las praderas y sabanas templadas, están particularmente subrepresentados en la región.
Además, el 24% de las ecorregiones terrestres y el 19% de las ecorregiones marinas del mundo están en América Latina, por lo que se sugiere evaluar la representatividad de su región protegida, en cuanto al estado de protección de las especies y endemismos regionales.
En cuanto a conexión entre las áreas protegidas en América Latina y el Caribe, la gran mayoría de los países aún están en proceso hacia el cumplimiento del criterio de la Meta 11 de Aichi. De los 51 países y territorios en la región, solo nueve presentan más del 17% de su superficie terrestre protegida y conectada. En promedio, 33% de la extensión de esos sistemas nacionales de áreas protegidas no están bien conectados, es decir, aproximadamente una tercera parte de la superficie protegida corresponde a islas de conservación.
El informe también presenta la diversidad de modelos funcionales de gobernanza en áreas protegidas y conservadas existentes en la región y expone la necesidad de generar mecanismos institucionales y legales para reconocerlos y darles operatividad.
Finalmente, hace un llamado a unir esfuerzos para lograr una conservación más efectiva e inclusiva. Invita a incrementar significativamente los recursos financieros para los sistemas de áreas protegidas, mejorar las evaluaciones de la efectividad del manejo de manera sistemática, así como mejorar las condiciones laborales de los guardaparques.SGP-GEF-UNDP Peru/Enrique Castro-MendívilCelebración en honor de la Tierra en los Andes peruanos.
Protegernos de pandemias y del cambio climático
En un futuro marcado por la incertidumbre, las áreas protegidas y conservadas deben ser reconocidas como el principal mecanismo de conservación de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos, elementos básicos para el bienestar humano.
En estos tiempos críticos, las áreas protegidas y conservadas deben contar con las condiciones propicias para cumplir plenamente sus objetivos de conservación y ser reconocidas como motores de desarrollo local, con responsabilidad compartida, que proveen servicios fundamentales para la salud y supervivencia humana.
Al proteger áreas intactas y restaurar ecosistemas degradados, los países pueden crear una red que ayude a detener y revertir la pérdida de biodiversidad, mantenga los servicios ecosistémicos esenciales, apoye a la sociedad para enfrentar yadaptarse al cambio climático y reduzca el riesgo de futuras pandemias.
En muchos casos, las áreas en proceso de restauración se agregarán a la red de áreas protegidas y conservadas, para garantizar que los beneficios de la restauración se mantengan a largo plazo.
En el marco del Día Internacional de las Abejas que se conmemora hoy 20 de mayo, académica del Departamento de Producción Vegetal, Dra. Marisol Vargas, se refiere a la realidad de los apiarios chilenos.
Para la gran mayoría de las personas ya no es desconocido que la abeja melífera (Apis mellifera L.) es un insecto clave para los ecosistemas, por su rol en la polinización de cultivos y plantas silvestres.
En Chile, existen alrededor de 9000.000 colmenas de abejas melíferas, distribuidas a lo largo del territorio, siendo las regiones de O’Higgins, Maule, Metropolitana y Los lagos, las que presentan el mayor número de estas. Las principales actividades que se realizan en el rubro apícola son la producción de miel, la polinización y la venta de material vivo.
En los últimos años, los apicultores de todo el mundo han declarado pérdidas de colonias de abejas melíferas, así lo explica la académica, Dra. Marisol Vargas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, quien agregó que “actualmente no hay una explicación clara para estas pérdidas, pero se ha sugerido que se debe a una interacción entre los factores de estrés causados por la destrucción y fragmentación del hábitat, el uso de agroquímicos, la introducción de especies exóticas y los agentes patógenos”.
De acuerdo a lo explicado por la experta, entre los patógenos que afectan a las abejas melíferas, el Virus de las alas deformadas (DWV) y sus variantes DWV-A, DWV-B y DWV-C, en conjunto con su vector, el ácaro Varroa destructor, se han identificado como factores relevantes en la alta tasa de pérdidas de colonias de abejas, en particular, de las muertes invernales.
“El virus DWV, al ser transmitido por V. destructor, puede causar síntomas visibles como la reducción del tamaño corporal de las abejas, abdomen acortado y alas deformes y se ha descrito que afecta la duración del vuelo, la orientación, el vigor y la longevidad de las abejas, entre otros”, precisó la Dra. Vargas.
En los laboratorios de Virología y Sanidad Apícola, de la Facultad de Agronomía, la investigadora lleva más de 10 años estudiando los virus que afectan a las abejas en Chile. “Mediante proyectos otorgados por la ANID, hemos estudiado la prevalencia de los principales virus presentes en las colmenas en Chile (Fondecyt Nº 1140653) y en los últimos años nos hemos centrado en el virus DWV, por el impacto que este virus ha demostrado tener a nivel mundial. En estudios recientes, analizamos la prevalencia de DWV en colmenas distribuidas en las principales regiones apícolas e identificamos las variantes de DWV presentes en colmenas distribuidas entre las Regiones de Coquimbo y Los Lagos, detectando una alta prevalencia de la variante A (71%)”.
En este sentido agregó que, “por primera vez, encontramos la presencia de la variante DWV-B en colmenas del país (Fondecyt N °1171781) y en la actualidad, se desconoce cuál de estas variantes es más virulenta en los apiarios chilenos”.
En este último punto la académica menciona uno de los objetivos del proyecto Fondecyt N° 1211688, recientemente adjudicado y el cual se ejecutará entre los años 2021 y 2024, “queremos evaluar la virulencia de las variantes chilenas del Virus de las alas deformadas (A y B) en Apis mellifera L. Además, estudiaremos el rol de los pólenes de plantas nativas en la nutrición de las abejas; esperamos demostrar si tienen un efecto positivo en aumentar la supervivencia y potenciar la respuesta inmune de abejas infectadas con las variantes DWV-A y DWV-B”.
Quedan solo 13 días para que finalice el periodo de postulación para el programa, del Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética, “Ponle Energía a Tu Empresa”, que tiene por objetivo que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas reduzcan sus costos de energía y a la vez disminuyan sus emisiones deCO2 al medioambiente.
Para el Seremi de Energía, Mauricio Henríquez, es trascendental que las empresas del Biobío postulen, para así, lograr potenciar la economía regional y a la vez, contribuir a la mejora de sus procesos productivos. “Como Ministerio estamos trabajando para apoyar la tan necesaria reactivación económica que requiere nuestro país, como consecuencia de esta pandemia mundial. Es por esto, que lanzamos el programa “Ponle Energía a Tu Empresa”, que busca llegar con energías renovables no convencionales, a todas las entidades que lo requieran, para así a través de proyectos eléctricos, paneles fotovoltaicos, proyectos eólicos, mini hidráulicos, hasta biodigestores, solo por mencionar algunos, potenciar los procesos productivos de las empresas a bajos costos, aumentar los empleos, la competitividad y reactivar la economía nacional”
El programa, que finaliza el 31 de mayo, considera un fondo total de $1.000 millones de pesos que esperan beneficiar directamente a más de 80 empresas a nivel nacional, siendo de la región del Biobío más de 15 mil las entidades que pueden postular. Además, “Ponle Energía a Tu Empresa”, entrega un cofinanciamiento de hasta $60.000.000 para implementar proyectos de autoconsumo a través de energías renovables. Los montos de cofinanciamiento serán diferenciados por tipo de tecnología y por el nivel de ventas de la empresa postulante.
Desde marzo a la fecha, el Seremi de Energía, presentó a más de 100 asociaciones gremiales y sus asociados, todos los detalles de este programa, fechas de postulación, beneficios, requerimientos, entre otros. “Es necesario que las empresas, sin importar su rubro, conozcan los beneficios de esta iniciativa. Hemos trabajado arduamente en presentar el concurso a la mayor cantidad de interesados, para que puedan postular e invertir en proyectos rentables en su totalidad, que traerán consigo ganancias y ahorros”.
Una de las asociaciones que participó en la presentación del programa, fue Asimet, para su presidente regional, Gustavo Alcázar, el concurso ministerial tiene gran relevancia porque se dirige a todo tipo de empresas, sin importar el nivel de producción. “El concurso es bastante atractivo para incentivar el uso de energías renovables en las empresas. Normalmente estos proyectos van dirigidos solo a las pymes, quedando afuera las medianas y grandes, en este sentido nos parece significativo que el alcance de esta iniciativa de gobierno apunte a todas las entidades sin importar su tamaño, porque todos vamos en la misma línea de la ley de eficiencia energética”
Es importante mencionar, que el concurso “Ponle Energía a Tu Empresa” es realizado en el marco del proyecto “Energías Renovables para el Autoconsumo en Chile”, que fue aprobado por la NAMA Facility (consorcio multidonantes). Dicho proyecto comprende un Componente Financiero, liderado por KfW, y uno técnico que fue implementado por GIZ. El componente financiero para Chile tendrá un presupuesto de 14 millones de euros, que son aportados por la Unión Europea, destinados a implementar éste y otros instrumentos para fomentar proyectos de autoconsumo y el desarrollo del sector financiero.
El monitoreo de colmenas y factores climáticos hoy ayudan a apicultores y fruticultores a mejorar los niveles de polinización, incluso a cientos de kilómetros de distancia. Así, la tecnología puede ayudar a evitar la extinción de estos insectos.
Las abejas son una de las especies más relevantes en la subsistencia de los ecosistemas debido a su trabajo de polinización. Sin ellas, no existiría la biodiversidad en el mundo ni la producción de plantas y frutas. De hecho, de acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 90% de la alimentación en el planeta depende de la polinización de las abejas. Sin embargo, sus tasas actuales de extinción son de cien a mil veces más altas de lo normal debido a la acción humana.
A nivel mundial, la agricultura ha experimentado transformaciones profundas en los últimos años, siendo cada vez más segura y eficiente gracias a la incorporación de nuevas tecnologías que han contribuido a su digitalización y automatización. La masificación de tendencias como el Internet de las Cosas (IoT) ha permitido avanzar más rápidamente en esta dirección, potenciando la productividad de las empresas y minimizando los riesgos de producción, y al mismo tiempo, favoreciendo una industria más sostenible y responsable con el medio ambiente.
“Hoy se estima que la producción de alimentos debe aumentar en al menos 60% para hacer frente a la demanda de cara a 2050. En ese sentido, la mejor decisión es apostar por una agricultura inteligente, que utilice la tecnología como aliada estratégica para garantizar procesos más eficientes, resilientes y amigables con el medioambiente. El desafío es impulsar una era de campos conectados”, comenta Francisco Guzmán, director de Claro empresas.
En ese contexto, áreas como la apicultura tienen grandes desafíos. Para un apicultor, los cambios extremos de temperatura y la sequía que, actualmente, afecta a una buena parte del país, significan la muerte de muchas de sus abejas, un declive en los niveles de producción y un efecto inmediato en la naturaleza. A raíz de este problema, han surgido soluciones como Beewaze.
Este proyecto, 100% chileno y creado por mujeres, instala sensores en las colmenas para monitorear las condiciones climáticas en que están las abejas, su temperatura, humedad y peso, generando pronósticos e información histórica del lugar donde irán a polinizar. Estos datos son monitoreados 24/7, procesada y enviada a una plataforma web a través de conexión wifi o móvil, para ser visualizada en cualquier smartphone o computador. De esta forma, Beewaze permite a fruticultores tomar medidas preventivas para aumentar el rendimiento de los cultivos, con información en tiempo real sobre las condiciones al interior y exterior de las colmenas que permite optimizar el cuidado de las abejas y evitar su muerte.
Actualmente, Beewaze continúa trabajando en mejoras para aumentar la batería y la sensibilidad de la balanza de los sensores. Gracias a una alianza con Claro Chile, espera expandirse a campos de otros países latinoamericanos, contribuyendo a incrementar la producción de miel local, así como al cuidado del medioambiente, aportando al aumento y fortalecimiento en la población de abejas, producción de frutas y semillas, y mejoras de bosques y flora endémica. Así, gracias a una agricultura más inteligente, disminuirá el riesgo de extinción de esta especie, fundamental para nuestra subsistencia en el planeta.
Los profesores Salvador Millaleo y Verónica Figueroa Huencho, junto a la estudiante Makarena Ríos Palape, valoran la elección de los 17 representantes de pueblos originarios en el órgano que tendrá la misión de redactar una nueva Constitución, pero advirtieron de los numerosos obstáculos que limitaron la participación de la población indígena a poco más de un 20 por ciento. Por otra parte, destacan que la configuración de la Convención Constitucional abre el camino para una serie de demandas compartidas por este grupo de la población, un trabajo que será apoyado por la Universidad de Chile a través de la Plataforma Constitucional Indígena y la plataforma UChile Constituyente, entre otras iniciativas de nuestro plantel.
22,81 por ciento del padrón indígena votó escaños reservados para pueblos originarios, de acuerdo al Servicio Electoral de Chile (Servel), una participación baja en comparación al 43,35 por ciento de electores del padrón nacional que concurrieron a las urnas el pasado 15 y 16 de mayo. Integrantes de la Universidad de Chile de ascendencia indígena plantean que si bien esperaban que esta convocatoria fuera mayor, debe ser vista en función de los múltiples obstáculos que hubo para que las personas de pueblos originarios pudieran sufragar.
Verónica Figueroa Huencho, profesora del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la U. de Chile y vicepresidenta del Senado Universitario, plantea que esta elección representa un hito tanto para Chile como para los pueblos originarios que participaron de forma inédita en este proceso. Sin embargo, enfatizó en los problemas que hubo asociados a la conformación del padrón específico. “Era un padrón que fue construido no solamente con prisa, también era desconocido por parte de la población de pueblos originarios. Eso después se evidenció en el mismo proceso eleccionario. Por ejemplo, de parte de los vocales recibimos varias denuncias, a través de distintos canales, que indicaban que no se les había capacitado”.
La participación de pueblos originarios se vio mermada por esta debilidad además en el proceso de difusión, agrega Makarena Ríos Palape, estudiante de Sociología de nuestro plantel de origen Aymara, quien se desempeñó como vocal de mesa en el Liceo José de San Martín de Santiago. “Había gente en el padrón que votaba por escaños indígenas y al momento de enfrentarse a un vocal no estaban bien informados sobre la forma en que tenían que votar en la papeleta indígena. Yo trataba de apoyar, pero en la capacitación tampoco se informó bien, y fue de manera bastante improvisada”, relata. Incluso, comenta, “en nuestro local llegó un chico con apellido mapuche que salía como diaguita. A él se le negó finalmente el voto por el pueblo originario que le correspondía”.
El académico de la Facultad de Derecho e impulsor de la Plataforma Constitucional Indígena de la U. de Chile, Salvador Millaleo, plantea que se esperaba una mayor participación, “pero hay que tener en cuenta que fue una votación inédita, que no tuvo ningún tipo de promoción por parte del Servel o del gobierno. No hubo una campaña que permitiera entender cómo se iba a votar por escaños reservados. También hay que tener presente una serie de dificultades, como las de desplazamiento. Entonces, no hubo realmente un esfuerzo para favorecer que quienes pudieran votar supieran cómo hacerlo. Luego están todos estos problemas, que no fueron pocos, de los vocales de mesa no proporcionaban la papeleta verde de voto indígena. Hubo varias debilidades en lo que fue el apoyo del Estado a la hora de posibilitar los votos por los escaños reservados”.
Plurinacionalidad, autonomía y territorialidad
Respecto a los 17 representantes que ocuparán los escaños reservados para pueblos indígenas, la profesora Figueroa y el profesor Millaleo, destacan que existen ideas comunes en los programas de los candidatos elegidos. La principal está referido a la definición constitucional de Chile como un Estado plurinacional, en el que se reconozca la diversidad de naciones que conviven bajo un mismo sistema jurídico y constitucional, y donde el Estado garantiza esta convivencia a través de una relación intercultural de igualdad que impida la dominación de una nación sobre otra.
“Hay muchas coincidencias en los programas. Prácticamente en todas las propuestas está avanzar hacia un Estado plurinacional como un piso mínimo de discusión, por lo tanto, entendemos que van a posicionar esas propuestas dentro de la Convención. Y si uno mira cómo quedó compuesta la Convención, uno puede tener la esperanza de que estas propuestas van a tener un eco, va a haber una caja de resonancia para poder posicionarlas. Lo otro es que la mayoría de estas candidaturas aboga por el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, tal como está establecida en la declaración de pueblos indígenas de Naciones Unidas”, comenta Verónica Figueroa.
Sobre este punto, el profesor Millaleo detalla que el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas tiene relación con el reconocimiento de poderes públicos por parte del Estado “para que las organizaciones indígenas ejerzan estos poderes en un espacio determinado, en el cual toman decisiones que les son propias. Estos poderes se reconocen precisamente para que los pueblos originarios puedan, a través de ese poder, mantener sus formas de vida”.
Otro punto que comparten la mayoría de los programas de los representantes del mundo indígena tiene que ver con la necesidad de que se reconozcan y recuperen los territorios indígenas. Esta demanda sobre la territorialidad apunta a “los hábitat que han sido usados ancestralmente por los pueblos indígenas y con los que tienen un vínculo que no es solo económico y de ocupación, sino que también es espiritual. Esto implica reconocer derechos a estos pueblos sobre esos territorios, incluyendo el acceso a sus recursos naturales”, indica Salvador Millaleo.
Correlación de fuerzas
Ante la configuración de fuerzas dentro de la Convención Constitucional y la incidencia de la bancada indígena en otros temas, Makarena Ríos Palape, expresa que “los pueblos indígenas no estamos acostumbrados a participar en este tipo de procesos, tenemos otras formas históricas y culturales de funcionar. Sin embargo, estamos haciendo el ejercicio de entrar en este espacio para dialogar y poner nuestros conocimientos al servicio de ese diálogo. Esperamos que eso pueda ser bien recibido, podamos llegar a un encuentro y no se repliquen lógica racistas que se dan en otros espacios. Creo que es posible generar consensos amplios con otros sectores, de acuerdo a cómo se configuró la Convención. Hay muchos puntos de vista en común”.
“Aquí hay propuestas específicas de los pueblos indígenas, pero lo ideal es que los constituyentes indígenas sean partícipes en la discusión de todos los temas, lo que no puede pasar es que se configure una especie de comisión indígena, que podría existir, pero no puede ser excluyente en la participación de otros temas fundamentales”, enfatiza Verónica Figueroa, quien plantea que el diálogo con todas las fuerzas políticas dentro de la Convención debe abordar otras discusiones sobre el modelo de desarrollo, el agua y los recursos naturales, entre muchos otros temas trascendentales que pondrán sobre la mesa las y los constituyentes.
Salvador Millaleo sostiene que lo más probable es que se constituya una bancada indígena unida, lo que será clave para el éxito en las demandas que presenten. “Lo fundamental es que puedan organizarse y tener estrategias claras para conseguirlo, pero en la configuración actual de la Convención creo que eso puede estar al alcance de la mano. No hay nadie que tenga la capacidad de vetar o bloquear las demandas de los pueblos originarios”. Por otra parte, plantea que la participación no puede estar restringida a los temas indígenas. “Quizás el aspecto más duro, pero que en este caso sabemos que no va a estar vedado, va a ser el cambio de modelo económico. Para los pueblos originarios no existe mayor agresión que un modelo económico que es depredador de la naturaleza, y por ello va a haber una importante actividad por crear un modelo distinto, que sea más respetuoso y equilibrado”.
El rol de la Universidad de Chile
La Universidad de Chile ha tenido un rol central en el camino hacia esta Convención Constitucional, una labor que seguirá desplegando a través de distintas iniciativas como la plataforma UChile Constituyente, que agrupa la contribución de sus distintas unidades en este momento histórico. Una de ellas es la Plataforma Constitucional Indígena que la Facultad de Derecho impulsa para fortalecer la participación de los pueblos originarios en este proceso, a través del apoyo que brindará a los representantes de pueblos indígenas.
Salvador Millaleo lidera esta plataforma impulsada junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien adelanta que una de las tareas que viene en esta nueva etapa del proceso constituyente es difundir las ideas comunes que están en los programas de los candidatos electos para familiarizar estas propuestas con la opinión pública y el resto de los constituyentes. Junto a esto, añade, se irá tomando contacto con los representantes para generar nuevas instancias de diálogo, “de tal manera que vayan estableciéndose las bases para las propuestas que se van a presentar. Hay una serie de temas, como los derechos de la naturaleza, que van a requerir trabajo específico. Entonces, el objetivo es apoyar, generar seminarios y equipos de trabajo”, señala.
Plantea, asimismo, que el papel de la Universidad de Chile es clave en esta instancia. “Me alegra que en toda la Universidad se estén desarrollando iniciativas y creo que es necesaria una buena coordinación entre todas. Hemos tenido un rol en promover que existiera una nueva Constitución. El hecho de que se hayan elegido académicos de la Universidad como Fernando Atria no es casualidad, él es uno de los grandes impulsores de una nueva Constitución. Esto quiere decir que hemos estado inmersos en esta discusión desde hace mucho tiempo, pero tenemos que mantener esto y hacer una reflexión colectiva, institucional, para ver cómo la Universidad aporta”, concluye.
En esta línea, Verónica Figueroa afirma que la Universidad de Chile, como institución formativa, de formación ciudadana, y como institución pública del Estado, debe nuevamente ponerse al servicio del país y liderar la discusión en este proceso. Agrega que además “tiene una deuda, ya que contribuyó a formar a gran parte de la elite que a lo largo de la historia de Chile ha planteado en estas constituciones idearios que han excluido a los pueblos indígenas. Hoy, cuando la Universidad tiene además una comunidad representativa de esa diversidad social y de pueblos originarios, tiene que ponerse a disposición de la Convención Constitucional”.
Por último, Makarena Ríos Palape, quien actualmente desarrolla su tesis de pregrado en mujeres indígenas y feminismo, destaca el hecho de que hay varios constituyentes elegidos que provienen de nuestro plantel. Por otra parte, indica, “sería interesante complementar al trabajo general de la U. de Chile asociado a la Convención Constitucional la mirada de los estudiantes indígenas, que no somos pocos. Somos varios dentro del colectivo de jóvenes indígenas para quienes la Universidad significó un espacio de reconocimiento y de reencuentro con nuestras culturas. Esta sería una oportunidad maravillosa para dar cuenta de eso, de generar más espacios para los procesos de identificación de los jóvenes indígenas y desde ahí incidir en procesos históricos”.
El país andino debe redoblar sus esfuerzos y cumplir con las recomendaciones emitidas para la protección de los defensores de los derechos humanos del medio ambiente, asegura una relatora de derechos humanos. Por ese motivo, quienes defienden el medio ambiente no deben enfrentarse a condenas de larga duración.
Una experta* independiente de la ONU ha instado al Gobierno de Perú a poner fin a la criminalización de los defensores de derechos humanos medioambientales y a garantizar que el poder judicial del país no se utilice como medio para silenciarlos.
La Corte Suprema de Perú confirmó recientemente la sentencia de diez años de prisión contra César Estrada Chuquilín, mientras otros defensores de derechos humanos como Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos y Jesús Mariano Cornejo Reynoso lo fueron a 12 años y cuatro meses y a siete años y cuatro meses, respectivamente, en primera instancia por el Primer Juzgado Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
Estrada, periodista y defensor de derechos humanos, ha denunciado los desalojos forzados, el hostigamiento a la población y los daños medioambientales causados por una mina de oro y cobre a cielo abierto, conocida como “Conga”, propiedad de Yanacocha S.R.L. Fue condenado por presunta extorsión a un contratista de Yanacocha S.R.L, y su recurso fue rechazado.
Gallegos y Reynoso fueron sentenciados por “entorpecimiento de los servicios públicos” y “motín” en el marco de las protestas contra el proyecto minero “Tía María” de la Southern Peru Copper Corporation, en el distrito de Cocachacra, en Arequipa.
“Es preocupante que delitos como la extorsión, el entorpecimiento de servicios públicos y motín -que conllevan penas de más de 10 años de prisión- sigan utilizándose para desacreditar a los defensores de derechos humanos, especialmente a los que se oponen a los grandes proyectos mineros y a su impacto en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades afectadas”, ha declarado Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.Banco Mundial/Franz MahrVista de la ciudad de Lima, la capital de Perú.
Un grave riesgo
La situación de Estrada ya había sido señalada con preocupación por el anterior relator especial sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, Michel Forst, durante su visita a Perú en 2020, en la que destacó el grave riesgo que corren quienes trabajan en la protección de la tierra, los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas.
Lawlor dijo que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para proteger a los defensores de derechos humanos, las amenazas, los ataques y la criminalización continúan en los distritos de Cajamarca y Cocachacra.
“Perú debe redoblar sus esfuerzos y cumplir con las recomendaciones emitidas para la protección de los defensores de los derechos humanos del medio ambiente”, dijo Lawlor.
“Las personas defensoras no deben enfrentarse a condenas de larga duración por ejercer su derecho a defender los derechos y el medio ambiente”.
La experta está en contacto con las autoridades peruanas sobre el asunto.
Mary Lawlor es la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Lawlor es actualmente profesora adjunta de Empresas y Derechos Humanos en el Centro de Innovación Social (CSI) de la Escuela de Negocios del Trinity College de Dublín. En 2001 fundó Front Line Defenders – la Fundación Internacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos para enfocarse en defensores y defensoras de derechos humanos en situación de riesgo. Como Directora Ejecutiva entre 2001 y 2016, Lawlor representó a Front Line Defenders y tuvo un papel clave en su desarrollo. Lawlor fue anteriormente Directora de la Oficina irlandesa de Amnistía Internacional entre 1988 y 2000, pasó a ser miembro de la Junta Directiva 1975 y fue elegida Presidenta de 1983 a 1987.
Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor -órgano de expertos independientes en el Sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno y organización y actúan a título individual.
Arranca el primer plan paneuropeo para promover el uso de la bicicleta, que aportará un triple beneficio a nuestras sociedades: el impulso de la economía local con más empleos verdes, el aumento de la salud de las personas y la protección activa de nuestro clima.
La posibilidad de viajar más fácilmente, mejor y de manera segura en bicicleta por Europa ha recibido un gran impulso con la adopción del primer Plan Director Paneuropeo para el Fomento de la Bicicleta. El programa, que supone un acontecimiento histórico para la región en la senda hacia un sistema de movilidad climáticamente neutro, se aprobó este martes en el marco de la Quinta Reunión de Alto Nivel sobre Transporte, Salud y Medio Ambiente de la Comisión Económica para Europa.
El Plan Director está diseñado para ayudar a las partes interesadas, tanto a nivel nacional como local, a racionalizar los esfuerzos para promover el uso de la bicicleta y tiene siete objetivos clave que deben aplicarse de aquí a 2030:
Aumentar significativamente el uso de la bicicleta en la región
Proporcionar un espacio adecuado en favor de la movilidad activa
Ampliar y mejorar la infraestructura ciclista
Elaborar y aplicar políticas, planes, estrategias y programas nacionales para el uso de la bicicleta
Aumentar significativamente la seguridad de los ciclistas y reducir el número de víctimas mortales y de lesiones en serie
Integrar el uso de la bicicleta en las políticas sanitarias
Incorporar el uso de la bicicleta y la infraestructura ciclista en la planificación del uso del suelo y de las infraestructuras urbanas, regionales y de transporte
Leonore Gewessler, ministra federal de Acción Climática, Medio Ambiente, Energía, Movilidad, Innovación y Tecnología de Austria alabó la aprobación de esta importante guía.
“La adopción del primer Plan Director Paneuropeo para el Fomento de la Bicicleta es un hito histórico para Europa en el camino hacia un sistema de movilidad climáticamente neutro. El uso de la bicicleta aporta un triple beneficio a nuestras sociedades: el impulso de la economía local con más empleos verdes, el aumento de la salud de las personas y la protección activa de nuestro clima”, destacó.C40 Cities Finance FacilityLas vías para bicicletas hacen las ciudades más sostenibles.
La COVID-19 ha impulsado el uso de la bicicleta
Pero el uso de la bicicleta no solo es bueno para la movilidad de las personas y beneficioso climáticamente, durante la pandemia de la COVID-19 se ha consolidado como una forma eficaz de apoyar el distanciamiento físico, como un instrumento para la actividad física diaria, y como un modo de transporte eficaz para los viajes esenciales
Muchos países han sido testigos de importantes aumentos en el uso de la bicicleta durante la pandemia, y han apoyado iniciativas como los carriles bici temporales, abriendo la posibilidad de cambios políticos duraderos.
“El Plan Director para el Fomento del Uso de la Bicicleta es un excelente ejemplo de cooperación intersectorial e internacional para abordar los retos globales a los que nos enfrentamos hoy en día”, explica el doctor. Wolfgang Mückstein, ministro federal de Asuntos Sociales, Sanidad, Asistencia y Protección del Consumidor de Austria.
Mückstein, añadió que “el uso de la bicicleta está asociado a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y, al promover este modo de transporte saludable, pretendemos frenar la contaminación atmosférica y el ruido del tráfico. La adopción de este Plan Director paneuropeo supone un hito en la construcción de un futuro más saludable y sostenible en Europa“.
El Plan beneficia la salud, la economía y reduce la contaminación
La puesta en marcha del Plan Director puede generar grandes beneficios:
Promover políticas que favorezcan modos de transporte saludables y seguros. Duplicar el nivel actual de uso de la bicicleta evitaría 30.000 muertes prematuras (principalmente por el aumento de la actividad física), con unos beneficios económicos indirectos que ascenderían a 78.000 millones de euros al año
Contribuir al desarrollo económico sostenible y estimular la creación de empleo. La industria del ciclismo y el cicloturismo tienen un gran potencial económico. Se calcula que en la región paneuropea hay unos 750.000 puestos de trabajo relacionados con la bicicleta. Duplicar la cuota de uso de la bicicleta en la Unión Europea crearía 400.000 puestos de trabajo adicionales y un volumen de negocio adicional de 3500 millones de euros en ventas al por menor de bicicletas. Más de 76.600 personas estarían empleadas en el transporte verde y saludable cada año si las principales ciudades europeas alcanzaran la cuota modal de la bicicleta de Copenhague
Promover un sistema de transporte más eficiente. En la actualidad, en la región se recorren anualmente unos 131.000 millones de kilómetros en bicicleta, en sustitución de 42.000 millones de kilómetros en coche. Duplicar el uso de la bicicleta duplicaría el número de kilómetros recorridos
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte. Duplicar el nivel actual de uso de la bicicleta reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero en ocho millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), con unos beneficios económicos indirectos de 1100 millones de euros al año en la región
Integrar las políticas de transporte, urbanismo y ordenación del territorio. Las necesidades de los ciclistas pueden cubrirse proporcionando infraestructuras adecuadas y permitiendo la conectividad, la accesibilidad y la multimodalidad al integrar los objetivos de transporte, salud y medio ambiente en las políticas de planificación urbana y territorial
Además, duplicar el uso de la bicicleta en la región aumentaría la cuota de espacio público disponible para las personas al reducir la congestión, con unos beneficios económicos indirectos de 4900 millones de euros. Un coche aparcado necesita más de ocho veces, y un coche en movimiento 28 veces, el espacio que necesita una bicicleta en movimiento.Foto ONU/Eskinder DebebeAparcamiento de bicicletas en la Universidad de Hakkaido.
La bicicleta, esa aliada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Por ejemplo, el uso de la bicicleta apoya estilos de vida saludables y no contaminantes, previstos en el Objetivo 3 sobre salud y bienestar; crea puestos de trabajo y fomenta el turismo, como refleja el Objetivo 8 dedicado al trabajo decente y al crecimiento económico; y contribuye a descarbonizar la movilidad, meta recogida en el Objetivo 13 que trata la Acción por el clima.
Con el fin de ayudar a todos los países de la región a aprovechar el potencial de la bicicleta, el Plan Director incluye 33 recomendaciones, agrupadas en 11 áreas:
Elaborar y aplicar políticas nacionales para el uso de la bicicleta, apoyada por un plan nacional para el uso de la bicicleta
Mejorar el marco normativo para la promoción del uso de la bicicleta
Crear una infraestructura ciclista de fácil uso
Proporcionar inversiones sostenibles y mecanismos de financiación eficientes
Incluir la bicicleta en los procesos de planificación y facilitar la multimodalidad
Promover el uso de la bicicleta mediante incentivos y gestión de la movilidad
Mejorar la salud y la seguridad
Mejorar las estadísticas sobre el uso de la bicicleta para utilizarlas en un control y una evaluación comparativa eficientes
Promover el cicloturismo
Utilizar las nuevas tecnologías y la innovación
Promover el uso de la bicicleta para un sistema de transporte más resistente
Andrés Santelices Gálvez Docente de Movilidad Urbana e Inteligente UDD Presidente de Educleta
“Calles para la vida” es el lema de la 6ª Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, evento que se conmemora desde el 17 al 23 de mayo y que en esta versión 2021 destaca el llamado a los Estados a que el límite de 30 km/h sea la norma para las ciudades, pueblos y aldeas en todo el mundo.
Resulta clave destacar que esta conmemoración, que contempla además el lanzamiento oficial de la Década de Acción por la Seguridad vial 2021-2030, es una oportunidad para abordar la prevención de muertes por siniestros viales, factor que resulta fundamental para lograr los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), específicamente aquellos que se relacionan con la seguridad sanitaria, las ciudades sostenibles, la pobreza y la reducción de las desigualdades entre países y dentro de ellos.
Por ello, quienes impulsamos la movilidad segura desde la academia y la sociedad civil instamos a las autoridades de nuestro país a crear condiciones que garanticen la movilidad segura, sostenible e inclusiva. De ahí la urgencia de reconfigurar el actual paradigma de movilidad urbana de manera tal que el diseño de las vías y carreteras posibiliten una real convivencia vial y priorice la vida de las personas. Así como también resulta fundamental el promover de manera transversal la educación cívico vial en todos los niveles de la educación formal para que desde la primera infancia hasta la educación continua puedan acceder a una formación ciudadana para la movilidad segura.
Asimismo, el reducir la velocidad máxima de los vehículos motorizados a 30 km/h convierte a las calles en espacios seguros, accesibles, agradables y equitativos para todos los modos de transporte, generando así un escenario propicio para tangibilizar los ODS.
